Todos. Los que reclamaran las tierras bajo el amparo de esa figura legal sufrirían las consecuencias en el plano de lo real: serían amenazados por ejércitos llamados “antirrestitución”, serían atacados en su integridad, muchas veces asesinados. Aparte de la ley, hace falta todo un plan de seguimiento que en este caso resulta vital, literalmente, para sus beneficiados.
El último informe de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) es escalofriante: más de 20 reclamantes han sido asesinados desde 2011, cerca de 500 líderes han sido amenazados y más de 30 nuevos desplazamientos han sufrido quienes vuelven a su tierra para reclamarla.
Nos quedamos nosotros, sin embargo, pendientes de la discusión (bizantina, por demás) que han dado en los medios José Miguel Vivanco, director de HRW, y Paula Gaviria, la directora de la Unidad de Víctimas del Gobierno. Que sólo una familia ha retornado a su tierra como resultado de las sentencias de la Ley de Víctimas, dijo el primero en su informe. Que no, dice la segunda, que al menos el 66% de los beneficiarios de la restitución ha retornado a vivir o ejerce control laboral sobre sus predios. Que no, responde Vivanco, que ese porcentaje es de personas que volvieron antes de la aplicación de la ley o que se han devuelto simplemente a trabajar. Y que sólo una familia... Bueno, siguen ahí.
Pese a este tecnicismo, harto exasperante, nadie discute lo que atañe a los delitos cometidos contra quienes se atreven a volver, a trabajar o a vivir, que es lo verdaderamente grave en todo este panorama.
Pero no es sólo eso. Lo que preocupa a HRW (y a todos) es la impunidad que rodea a estos crímenes. El sistema de justicia, tan necesario aquí, está ausente. La lentitud o la ineficacia de la justicia es la que genera, por contraposición, más crímenes por parte de los violentos: por no temer a la respuesta del Estado se ven incentivados a burlar sus leyes. Dice Vivanco que “los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes”. Y eso es grave.
Hay que empezar a generar un plan de choque para poder llevar a cabo, sin más tropiezos fatales, una iniciativa tan importante. Si no, lastimosamente, quedará en el papel. Así, hay que trazar un mapa en el que se vigilen los departamentos más urgentes: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima. También, hacerles frente a esos nuevos grupos paramilitares, como los Urabeños o las Águilas Negras, que desde un principio prometieron defender el estado de cosas. ¿Y cómo se hace esto? Con presencia, con acompañamiento, con muchas más cadenas de protección. La seguridad de los líderes de restitución y de las víctimas que se devuelven por su tierra arrebatada no es un asunto que pueda dejarse a la deriva. Mucho menos cuando el Gobierno ya está pensando en el posconflicto. Que cuide la tierra. Que dé esa batalla con toda la prioridad que merece.
Y es importante, también, que se fortalezca la justicia. No sólo se trata de una protección con seguridad impecable, sino que quienes estén detrás de esto paguen, sean guerrilla, paramilitares o nuevos ocupantes. Indigna mucho que los aparatos estatales no estén pendientes de abrir estos procesos. ¿Qué les falta para ponerse las pilas? ¿Qué les falta a las autoridades locales? Esas son preguntas que debería estar haciéndose el presidente en estos momentos. Y resolviéndolas.
Más que críticas, el informe de HRW es un insumo más que el Gobierno debería tener en cuenta. A un año y medio de entrada en vigencia esta ley, es hora de que se aplique a cabalidad.