Hay malestar entre quienes, y con razón, quieren ver los ecosistemas que soportan el ciclo del agua completamente protegidos. La ministra del ramo, Luz Helena Sarmiento —que hace rato tiene la información del límite del páramo—, quiere asegurarse, con bastante sensatez, de tener control sobre los efectos sociales y económicos. ¿Se está apartando de su misión, dando pie de esta manera a que sean los organismos de control los que tengan que actuar? Más bien, creemos que de forma valiente enfrenta una forma más responsable de concebir y aplicar la ley ambiental.
En efecto, eran otras las épocas cuando los postulados ambientalistas, en boca de unos pocos comprometidos o ilustrados, transitaban fácilmente del deseo a la norma. Por supuesto que la legislación ambiental, como otras que recogen elementos del bien público, es un gran logro de las sociedades. Mal haría un Estado en desmontarlas en aras de un imperativo económico de corto plazo, y peor si viene acompañado de facilismo gubernamental.
Pero, como también en otros campos, estamos llenos de normas que no se aplican. Todas tienen algún sentido desde lo técnico, pero algunas son generalizaciones que las hacen inviables. Sabemos que no se debe sembrar en laderas empinadas: pero ¿quién compensa al campesino? Todos los cursos de agua del país deben tener una ronda forestal protectora: pero no se aplican los incentivos económicos para la conservación. Todo uso de la fauna con fines comerciales está prohibido: pero para los habitantes de las ciénagas y ríos, el consumo doméstico y la economía de mercado hacen parte de un mismo sistema de vida. Los peces por debajo de la talla mínima de reproducción deben permanecer en las aguas: algo imposible en medio de la pobreza ribereña...
En fin, son tantas las normas no aplicadas, que la armonía que no se logra entre la sociedad y la naturaleza se vuelve conflicto entre los humanos cuando se trata de llevarlas a la práctica.
El sentido común y la ciencia ambiental lo dicen: no hay equilibrio ecológico posible en medio del protuberante desequilibrio económico. Hay que trabajar en la metodología de la aplicación de la ley más que en la ley misma. Lo que no quiere decir que las instituciones, garantes de lo público, cedan ante las pretensiones individuales o particulares.
El famoso “publíquese y cúmplase” debe estar precedido de la construcción de un acuerdo social mínimo y acompañado de instrumentos que permitan una aplicación justa de la ley y una transición armoniosa allí donde persistan los conflictos de interés. En el caso de los páramos que nos ocupa, el desajuste surge de una ley del Plan de Desarrollo a la que subyacía el deseo de convertir a Colombia en un país minero con minimizas restricciones ambientales. ¡Incluso había títulos mineros en los parques nacionales naturales!
En lo que a todas luces parece un forcejeo de última hora, se logró excluir todas las actividades económicas de los páramos y “los humedales” Ramsar. Hoy para el exministro Hommes la minería de Colombia está varada y acusa de ello a los ambientalistas. Lo que está varado, más bien, es esa forma de desarrollo que se pretende construir de manera simplista. Bien hace la ministra Sarmiento cuando reconoce la complejidad social de la aplicación de la norma ambiental. Falta todavía que los promotores del desarrollo reconozcan la complejidad ambiental del país. Bienvenidos a la Colombia compleja, como nos la enseña el profesor Julio Carrizosa.