Asimismo, son cada vez más conscientes de que el agua pura que nos entregan los ecosistemas es mucho más barata que el agua que purifican las costosas plantas. Chingaza, con su parque nacional natural y su Sistema Chingaza, debería ser ejemplo de un maridaje armónico entre el patrimonio natural y el patrimonio construido. Pero para que esto suceda hay todavía una brecha que no es sólo de voluntad política, sino de capacidades técnicas que el Distrito debe adquirir para apuntarle a una política ambiental coherente.
En efecto, según las investigaciones del economista Guillermo Rudas, desde 1993 el Distrito Capital está obligado a invertir el uno por ciento de sus ingresos corrientes en mantener las cuencas hidrográficas y pagar por los servicios ambientales que ellas prestan. En números, son más de 70 mil millones de pesos anuales. Una cifra realmente importante que, de haberse destinado, habría hecho de Chingaza la joya de la corona del Sistema de Parques Nacionales Naturales y un destino ecoturístico de primer lugar. Pero lo que el visitante avezado encuentra dista mucho del estándar de un área protegida de esta belleza e importancia.
Muchos predios están todavía llenos de ganaderías y el oriente del parque no tiene aún una administración adecuada para el campo. Los funcionarios de parques nacionales se esfuerzan en acoger al visitante en la infraestructura que quedó de la obra de la represa. Sin embargo, deja mucho que desear. Chingaza debería contar con un centro de visitantes de clase mundial. Ciudad del Cabo tiene su emblemático Table Mountain National Park y Río de Janeiro ostenta el espectacular Tijuca; sólo dos ejemplos de lo que significa para una gran ciudad contar con un parque nacional vecino, que además mueve industrias ecoturísticas y genera beneficios para la población local.
Pero según los informes que la Contraloría General entregó al Congreso, la obligación de retribuir recursos a las cuencas hidrográficas de Bogotá —en este caso en Chingaza— no se está cumpliendo. Desde hace más 35 años la ley obliga a usuarios del agua a pagar una tasa para retribuir los servicios ambientales de las cuencas abastecedoras, que según el economista en mención se ha vuelto irrisoria.
Es tan absurda la situación, que se han visto propuestas de ONG internacionales para generar un fondo de conservación; en Chingaza la primera fuente de ingresos debería provenir del cumplimiento de la ley. Hoy la Empresa de Acueducto sólo retribuye a la administración del Parque Chingaza poco más de 200 millones de pesos anuales, cuando a tarifas razonables debería estar pagando más de dos mil millones. Mientras tanto, más del cuarenta por ciento de los habitantes de los municipios de Fómeque, San Juanito, Medina y Gachalá no tienen acueducto y ven sus aspiraciones económicas restringidas por la conservación del agua para la capital. También los municipios de La Calera, Choachí, Fómeque, Gachalá, Gama, Junín y Guasca ven reducidas sus arcas, pues no existe una compensación por lo que dejan de recaudar en impuestos cuando las fincas no adquiridas por el Estado son forzosamente dedicadas a la conservación. Bogotá está en deuda con el gran territorio de Chingaza y sus habitantes. Está en deuda con su futuro. Nos merecemos un parque nacional de verdad. ¿Qué nos falta aquí? Buena pregunta para los candidatos a la Alcaldía de Bogotá.