Caros medicamentos

Eran absurdos comparándolos con casi cualquier país. Con Argentina, con Brasil, con España, con Estados Unidos, con Francia, con Portugal. A donde se mirara.

Esta situación era insostenible para el Estado colombiano: según el ministro del ramo, Alejandro Gaviria, cerca de $400.000 anuales se perdían. Ahora se podrán ahorrar, invertir en otras cosas menos absurdas. Pero era, de rebote, insostenible para toda la ciudadanía: ¿por qué un país obligaba a sus ciudadanos a pertenecer a un sistema de salud en el que, con sus impuestos, se pagaban medicamentos que tenían un excedente de hasta el 400%? ¿Por qué no poner controles y evitar que esto pasara? ¿Por qué dejarse mangonear por la voluntad de las farmacéuticas?

Todo fue un lío: las casas de medicamentos y las redes comercializadores se aprovecharon de la falta de control legal que existía y cobraron por los cielos. Eso es lo que pasa cuando un asunto tan delicado como la salud se deja a la deriva, a la mano invisible (y desbordada) del mercado.

Y claro que las farmacéuticas hoy se defienden diciendo que todo lo hicieron dentro del marco de la legalidad: es cierto aunque suene para muchos como un descaro. Esa es, justamente, la mina de oro que las corporaciones están buscando en los países: leyes laxas, controles bajos, gobiernos débiles a los que les tiemble la mano para imponer cortes y controles y barreras de difícil acceso.

La pregunta que se hacen algunos es si entablar o no una acción jurídica para que se devuelva el dinero acaudalado en los bolsillos de estas casas de medicamentos. Puede ser, algo podrían responder aunque no nos atrevemos a decir cuánto. Sin embargo, al final, el responsable más visible (y más fácil de investigar a nivel jurídico) es el Estado mismo, al que le pareció buena idea quitar todos los controles y todas las cortapisas que existían para que esta situación insostenible se diera hoy como la bomba de tiempo que el ministro Gaviria denunció la semana pasada.

César Rodríguez Garavito, abogado, socio fundador del centro de estudios Dejusticia, le dijo a este diario que, más bien, es necesario “determinar las responsabilidades de los funcionarios que desmontaron las políticas que estaban controlando los precios y además deberán encontrar si eventualmente hubo alguna acción ilegal por parte de una empresa farmacéutica”. Estamos de acuerdo. Esta olla a presión viene de mucho tiempo atrás y no estaría de más buscar a algunos responsables en esta sistemática actitud que hubo gobierno tras gobierno.

Entonces, sí hay cosas que indagar. O si no, para qué están los procesos disciplinarios de la Procuraduría, las indagaciones penales de la Fiscalía y la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría. Habrá que saber quiénes y bajo qué premisas desmontaron las barreras que impedían este festín que hoy tenemos y al que, por fin, se le puso freno.

No sobra celebrar este gesto del Gobierno. Pero no sobra, tampoco, empezar a buscar a los responsables que están sumergidos en el marasmo del pasado.
Que esto nos sirva como lección para no liberar los mercados del todo: las farmacéuticas tienen muy claro qué es lo que quieren y ya nos lo hicieron saber durante los últimos años. Todo extremo es malo. No decimos aquí que llenemos de burocracia y de obstáculos toda esta cadena de comercio, pero tampoco la dejemos a la deriva, sin vigilancia.

Los resultados ya se ven. ¿Aprenderemos algo de esta lección que nos deja el sector salud o seguiremos por la misma senda?