A grandes rasgos, Restrepo pide a ese partido (que podríamos considerar naturalmente el suyo) un apoyo a los esfuerzos de paz que, a lo largo de estos dos años, han hecho el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.
Hemos visto desde esta tribuna cómo poco a poco, y de forma a veces accidentada, las conversaciones avanzan hacia una esperanzadora resolución por medio de las palabras. Esa, se nos antoja, es la mejor solución de todas las posibles. Pero, claro, un acuerdo que no incluya a una enorme porción de colombianos sería poco promisorio para llevarnos a una paz verdadera.
¿Por qué deberíamos oír —se podría empero preguntar cualquiera— la voz de un prófugo de la justicia? ¿No le resta legitimidad a sus palabras el hecho de haber huido del país ante lo que llamó una persecución del aparato estatal? No tanto, la verdad. El caso de Luis Carlos Restrepo, tal y como lo dijimos en este espacio hace unas semanas, es bastante particular: un funcionario público que se dedique a temas de paz, como él lo hizo, debe gozar de amplia inmunidad frente a hechos que desarrolle dentro de sus funciones. Ahí el derecho, las leyes que judicializan a las personas, deben estirarse más para conveniencia de la sociedad toda.
¿Por qué no oír, además, las palabras de un excomisionado de Paz? No resulta irrazonable a lo que invita, ni mucho menos: “si hemos pedido como condición básica para apoyar el diálogo con los grupos armados ilegales el cese de acciones violentas, no es sensato quedarse al margen cuando las Farc lo anuncian”. Tiene razón. No es sensato. Y no lo es, tampoco, mantenerse en un margen crítico al extremo: ¿por qué no integrar un grupo de uribistas de cara al proceso de paz? ¿Por qué no hacer, de forma menos contestataria, una verificación, una veeduría, una exposición de propuestas reales de cara a los últimos puntos de la agenda?
Por ahora, la oposición al proceso es bastante primaria: ahí tuvimos esta semana, por ejemplo, a la representante María Fernanda Cabal publicando en Twitter una foto repugnante de una niña asesinada, cuando las Farc anunciaban su cese el fuego. ¿Esa es el aporte máximo que pueden hacer? ¿Una imagen de una niña asesinada hace 10 años, según lo que confirmó el ICBF? ¿Así queremos que la sociedad cree una conciencia colectiva de lo que el conflicto armado es y significa en su totalidad?
La oposición que merece este proceso de paz debe estar a la altura de las circunstancias. Pero, sobre todo, el uribismo debería entender que sumarse al proceso no implica renunciar a sus ideales: de harto serviría, para la legitimidad del mismo, que sus representantes estuvieran involucrados en él, con las puertas ya abiertas por el presidente Juan Manuel Santos, para que la crítica se transforme en veeduría, en verificación de las condiciones, en propuestas plausibles para que la mesa las considere. En un proceso más legítimo para la ciudadanía y en la garantía de que ese casi medio país que sigue al expresidente esté incluido y valorado en lo que se acuerde para poner fin al conflicto.
Una paz sin el aval de Álvaro Uribe y sus seguidores es imposible. La carta que les queda, entonces, es de doble filo: podría seguir en su actitud recalcitrante, que no aporta al desarrollo de la negociación, o podría sumarse de una forma activa para que él mismo vea la consecución de lo que es posible: una paz de Colombia de la que no se puede adueñar un hombre y en la que las Farc no maten más gente. Eso, en últimas, esa altura de sus máximos líderes, es lo que la ciudadanía merece.