:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/yilLObQT15GoK22hdRbO25cy9hM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/NYKMHMEJPBE57DZHVAA3BQE5VA.jpg)
La Fiscalía General de la Nación, al parecer, pretende que los servidores públicos sean profetas. Esa es la conclusión que arroja el anuncio de imputar cargos contra Sergio Fajardo —a la sazón precandidato presidencial— por contratar un empréstito como gobernador de Antioquia. Para el ente investigador, haber firmado dicha deuda en 2013 con un dólar a $1.926, dos años antes de que la moneda extranjera se disparara a $3.140, es motivo suficiente para pedir que sea condenado por “peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales”. Más allá de los efectos individuales que esa decisión representa, las consecuencias más dañinas son dos. La primera es sobre el servicio público: ¿quién va a querer ejercer un cargo de elección popular si se le exige un grado de predicción del futuro que nadie tiene en este mundo? La segunda es sobre la legitimidad de la Fiscalía: ¿cómo convencernos de su independencia del Ejecutivo si se concentra en procesar competidores políticos del uribismo con procesos tan insólitos en su sustentación como el de esta semana?
Lo hablábamos hace apenas unos días con respecto a la procuradora, Margarita Cabello, y su indagación a Claudia López por unos trinos con contenido político. Cada vez que un ente de control utiliza su poder para investigar a la oposición política, sobre sus actuaciones recae un manto de duda que solo se puede resolver con transparencia y contundencia en la argumentación. Las razones en el caso de Fajardo resultan tan endebles que la ciudadanía termina por rechazar el actuar de los entes de control y, peor aún, por cuestionar los motivos detrás de sus decisiones. Cuando la Fiscalía es incapaz de demostrar su autonomía, uno de los pilares de todo el Estado de derecho empieza a tambalear. Sobra señalar el efecto nefasto que esto tiene para la institucionalidad.
Dice la Fiscalía General que Fajardo suscribió un contrato entre Antioquia y el Banco Corpbanca S.A. que “implicó el desembolso de US$77 millones para realizar sustitución de deudas con otros bancos (...) Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba $1.926. En 2015, su valor superaba los $3.140”. Por ese hecho, según la lógica del investigador, para el año 2020 se presentaba un detrimento patrimonial por $320.000 millones. En conclusión: el exgobernador no predijo de manera adecuada cómo iba a cambiar la tasa de cambio, algo que por cierto tampoco hicieron los principales expertos en el tema y, por tanto, incurrió en el peculado que se le imputa.
Entendemos y defendemos la necesidad de vigilar a todos los funcionarios, sean candidatos o no. También compartimos el deseo y la necesidad de actuar para proteger los recursos públicos. Pero cuando la sustentación de una investigación contra uno de los principales opositores al Gobierno es que el dólar fluctuó, las motivaciones dejan de parecer nobles y la reputación de la Fiscalía empieza a tambalear.
Lo peor, insistimos, es el precedente. ¿Cómo vamos a traer más gente honesta a que participe en lo público si pueden ser investigados e imputados por no predecir lo que es imprevisible? Como este hay muchos otros casos en los que una Fiscalía quisquillosa aprovecha la ley para perseguir a funcionarios que tomaron decisiones difíciles sin intención de causarle daño al patrimonio de los colombianos. Mientras tanto, los peores casos de corrupción se mantienen en la impunidad. Contradicciones muy de la Colombia de este último tiempo.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.