Cazar anónimos en internet

Hablar de bloquear cuentas anónimas, aunque se haga con buena voluntad, es abrir la puerta para que se censure con criterios que son difíciles de definir. / Foto: Bloomberg

Uno de los principales retos de la sociedad digital moderna es cómo mermar el flujo de injurias, calumnias y noticias falsas a través de todas las avenidas de internet. El problema se ha salido de proporciones: abundan los casos en el mundo, y en Colombia, de daños reales a personas cuya reputación ha sido objeto de mentiras que se han vuelto virales. La lentitud de las autoridades y de las empresas como Facebook y Twitter en reaccionar, así como la magnitud de los obstáculos para encontrar a los responsables de las mentiras, han causado que los países busquen soluciones de mano dura que, en la práctica, son ineficientes y violan los derechos de los usuarios de la red. Un nuevo proyecto de ley en Colombia cae en los mismos errores.

Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, presentó una iniciativa que busca “reglamentar el uso de las cuentas de las redes sociales en internet, con el fin de que no sean utilizadas para afectar injustamente a otra persona o para crear confusión o miedo entre la población”, según explica la exposición de motivos. En la práctica, el articulado contempla penas entre uno y dos años y una multa de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien utilice cuentas anónimas para los delitos de injuria o calumnia o para difundir noticias falsas.

Aunque Restrepo precisó que su proyecto “no prohíbe la creación o el uso de cuentas anónimas, sino sólo de aquellas que son creadas o utilizadas para injuriar, calumniar o vulnerar la intimidad personal y familiar de alguien”, cuesta ver cómo, en la práctica, este tipo de medidas no permiten violaciones a la libertad de expresión y otros derechos de los usuarios de las redes sociales.

Primero, porque el anonimato es uno de los derechos esenciales de las personas en internet. Por supuesto, ha sido utilizado para actos delictivos, como los que motivan este proyecto de ley, pero también ha permitido que la red sea un espacio propicio para la democracia y para que las voces perseguidas no sólo se expresen con seguridad, sino que lleguen a una audiencia que multiplique sus mensajes. Hablar de bloquear cuentas anónimas, aunque se haga con buena voluntad, es abrir la puerta para que se censure con criterios que son difíciles de definir.

Segundo, los delitos en cuestión, incluso en el mundo “análogo”, son complejos de identificar y de castigar. No sólo porque los poderosos han abusado de la existencia de la injuria y la calumnia como delitos para presionar a quienes los incomodan, sino porque los procesos judiciales son demorados y llenos de deficiencias. En la práctica, entonces, leyes como esta, presentadas como portadoras de la mano dura, caen en la ineficiencia y la impunidad y son pañitos de agua tibia.

Tercero, porque en Colombia ya existe el marco legal necesario para combatir con sanciones penales este tipo de comportamientos. El problema, como lo mencionamos al principio, es que las autoridades y las empresas como Facebook, que operan como el lazo necesario entre la ley y los responsables, no han encontrado una manera adecuada de cooperar. Si se mejora esa coordinación y se empiezan a ver resultados en los peores casos, especialmente en aquellos donde son usuarios reales los que cometen los crímenes, eso enviaría un mensaje claro y ayudaría en la batalla por devolver la decencia a internet.

No hay, lo hemos dicho, soluciones fáciles, pero cualquier propuesta debe tener en cuenta que hay muchas libertades en juego. No deja de ser curioso, además, que Restrepo presente esta iniciativa mientras su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, está inmerso en una polémica por utilizar sus redes sociales de manera irresponsable. ¿Estrategias políticas de imagen más que preocupación por atacar el problema de raíz? Nos tememos que por ahí va la cosa.

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