Consultar al ciudadano

El consentimiento informado es la aprobación de algo. Un servicio médico, por ejemplo. A través de este instrumento la persona enferma se entera, con el lujo de detalles que amerita —y que necesita—, para que sobre él pueda hacerse una intervención quirúrgica a la medida de los derechos que le asisten.

Entender los peligros, el avance de su enfermedad, la necesidad de la operación. Es una obligación. Y lo es en el entendido de que respeta un elemento fundamental del ser humano: su autonomía. La individualidad. Las preferencias. Pasar por encima de esto es un retroceso enorme en términos de derechos.

La Corte Constitucional nos recordó hace poco que, en lo que tiene que ver con el servicio militar obligatorio, las cosas van por el mismo camino. El caso es sencillo: Alejandro Cobo Montoya se graduó de bachiller en 2008 y fue incorporado hace un año como soldado regular del Ejército Nacional. El error de la institución castrense fue no consultarle si, en efecto, quería asumir como soldado dentro de esta modalidad. Firmó dos documentos y lo montaron en un camión rumbo a Larandia, Caquetá. Su madre demandó a través de una tutela. Ella quería que lo trasladaran como soldado bachiller a Bogotá; sin embargo, el derecho de petición que envió al Ejército, antes de acudir a la tutela, fue respondido con el argumento de que él había aprobado que todo fuera de esa manera.

La Corte Constitucional no opinó igual. Frenó todo. La sentencia T-976 de 2012, como lo informó este diario ayer, ordenó el traslado del soldado a Bogotá y advirtió a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional que se cuidara de caer de nuevo sobre los mismos hechos.

Todo por el consentimiento informado, que no es la mera reproducción de una firma en un par de documentos, sino toda una forma de proceder dentro de lo que la ley y la Constitución mandan. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, deben tomar medidas para que la claridad sea mucho mayor. Es decir, como un médico, deben decirle al futuro soldado cuál es la vida que va a llevar eligiendo una de varias modalidades. Los riesgos, las responsabilidades, los derechos. O, como diría la misma Corte, “un espacio de intercomunicación, interrelación e interacción entre los actores involucrados”. De lo contrario, no hay consentimiento. ¿Cómo puede haberlo sin una información clara detrás? Esas consideraciones, a veces, se nos escapan. Pero son acaso fundamentales.

Buen precedente el que sienta la Corte Constitucional. Sería oportuno establecer unos protocolos de información, que sean además amables y entendibles, con aquellos que están a punto de ingresar al servicio militar. No hay que olvidar que la autonomía es lo que está en juego.

Así como dimos el respaldo a la objeción a prestar el servicio militar cuando existan profundas convicciones morales o políticas que les impidan a los ciudadanos portar o hacer uso de armas —un avance incalculable en términos de derechos fundamentales—, damos ahora el respaldo a esta decisión.

La medida de nuestros derechos está dada en gran parte por las libertades que tenemos, ya no como miembros de un cuerpo colectivo que exige ciertas cosas, sino como individuos autónomos que pueden elegir un modo de vida particular que no riña con el de los demás. Verlo de otra forma es devolvernos, por lo menos, dos siglos en la historia.