El triunfo avala su modelo político, el cual profundizará en su nuevo mandato. No le será difícil. Según los resultados electorales, su movimiento, Alianza País, controlará el parlamento y podrá pasar ciertas normas que considera prioritarias. Entre ellas una controvertida ley de medios de comunicación que podría imponer serias cortapisas a la libertad de información dentro de la absurda pelea que el presidente casó con ciertos medios, en especial contra El Universo de Guayaquil. Expresiones como “sicarios de tinta” y “prensa corrupta” son de ingrata recordación y demuestran un talante autoritario. Este será uno de sus talones de Aquiles, pues los organismos internacionales y las ONG que abogan por la libertad de expresión lo tienen en la mira y es evidente que la perpetuación en el poder siempre tiende a alimentar los autoritarismos.
Lo cierto, con todo, es que en Ecuador se ha vuelto un lugar común reconocer la gestión de Correa. Los altos precios del petróleo y la minería en general le han generado los recursos suficientes para meterle con todo a la lucha contra la pobreza, una obsesión para el primer mandatario. Las cifras demuestran que la estrategia ha sido la adecuada. La pobreza descendió 27% desde 2006 y el desempleo cayó hasta el 4,1%. El salario mínimo se elevó por encima de los US$300 y el Bono de Desarrollo Humano, que se entrega a los más pobres, pasó recientemente de US$38 a US$50. También se le reconocen avances en salud y vivienda. De otro lado, el Gobierno ha puesto especial énfasis en el vital tema de la infraestructura, triplicando las inversiones que hicieron gobiernos anteriores juntos.
Las críticas más importantes que se hacen a su gestión han estado vinculadas a tres aspectos esenciales.
En lo económico, a la forma en que Correa ha manejado el tema de la minería bajo un esquema extractivo que enfatiza la productividad por encima del cuidado del medio ambiente. De esta manera han recibido, sí, ventajas inmediatas las comunidades en regalías y mejoras sociales, pero a mediano y largo plazo se verán las consecuencias negativas en la naturaleza.
En lo político, a la corrupción que, al parecer, afecta a su gobierno. No directamente del presidente o sus ministros, a los cuales se les reconoce probidad, sino por el hecho de que, por defender su gobierno, cobija a funcionarios denunciados con pruebas en la mano.
Por último, existe una gran paradoja, pues a pesar de la disminución de la pobreza se ha disparado la inseguridad. La explicación está en que el ingreso de dineros del narcotráfico, en una economía dolarizada, se presta para el lavado de activos sin que se hayan tomado las medidas apropiadas.
Para Colombia, las cosas seguirán por el sensato camino que han trazado Bogotá y Quito. El comercio bilateral avanza con pie derecho. La cooperación en materia de seguridad fronteriza se ha fortalecido y los acuerdos para mejorar las condiciones de los refugiados en el país vecino se han beneficiado de la buena vecindad que prevalece. Aunque siguen pendientes las demandas internacionales por el caso Aizaga y las aspersiones de glifosato en la frontera.
Es de esperar que Rafael Correa pueda aprovechar los innegables éxitos obtenidos para atender algunas de las críticas que se hacen a su gestión. El ocupante de Carondelet, esperamos que con menos soberbia, tiene la palabra.