La corrupción de Odebrecht

Cuando Luiz Antonio Bueno Júnior era presidente de Odebrecht Colombia, en el 2011, dijo que “las reglas del país dan seguridad, tiene marcos jurídicos muy claros. Colombia es muy transparente y legalista y por ello nosotros tenemos confianza y estamos aquí”. Esa declaración, vista en retrospectiva, no deja de producir frustración, particularmente porque es el mensaje que las autoridades han manejado también.

El caso de corrupción en Odebrecht, una constructora reconocida a nivel mundial y con importantes contratos en el país, confirma las sospechas de los colombianos y aquello que los entes de control vienen repitiendo con insistencia: la corrupción es tal vez el principal obstáculo para el desarrollo de Colombia. Esperamos que las investigaciones nacionales puedan rendir cuentas sobre exactamente qué pasó y quiénes fueron los involucrados.

Según la acusación presentada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Odebrecht tenía una división especial, llamada Division of Structured Operations (división de operaciones estructuradas), a través de la cual, dice el documento, “se pagaron millones de dólares en sobornos durante quince años, cometidos por ejecutivos de alto nivel de la compañía”. Era una práctica tan lesiva, que se calcula que “la ganancia pecuniaria que viene del delito es de US$3.336 millones”. Una cifra abrumadora producto de utilizar la misma estrategia en Angola, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y, sí, en Colombia.

Sobre el país, la acusación dice que “entre 2009 y 2011 Odebrecht habría pagado más de US$11 millones en pagos corruptos con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas. Odebrecht había recibido beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos”, y también afirma que un funcionario público recibió un soborno por US$6,5 millones.

Esa versión fue corroborada por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, quien aseguró que quien recibió ese monto fue un “alto funcionario de la administración del gobierno Uribe”. El expresidente Álvaro Uribe dijo, por su parte, que “indagaciones preliminares en la justicia me indican que alguien que trabajó en mi gobierno sería uno de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht en Colombia” y también mencionó que tiene sospechas de sobornos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, algo que Presidencia niega. En cualquier caso, lo claro es que las autoridades nacionales deben actuar con rapidez para explicarle al país qué fue lo que sucedió.

Especialmente porque este caso no pareciera tratarse de una simple manzana podrida. En Colombia, esa dinámica de corrupción está arraigada y permea muchos espacios locales y nacionales. Si sometemos los contratos públicos a las lógicas de la corrupción, estamos cerrándoles las puertas a las empresas honestas que quieren ayudar al desarrollo sin desperdiciar los recursos. No podemos seguir con la complicidad cínica que justifica los sobornos siempre y cuando lleven a la terminación de obras.

Cuando Luiz Antonio Bueno Júnior era presidente de Odebrecht Colombia, en el 2011, dijo que “las reglas del país dan seguridad, tiene marcos jurídicos muy claros. Colombia es muy transparente y legalista y por ello nosotros tenemos confianza y estamos aquí”. Esa declaración, vista en retrospectiva, no deja de producir frustración, particularmente porque es el mensaje que las autoridades han manejado también.

No estamos diciendo, por supuesto, que todos los negocios del país estén dominados por las lógicas corruptas. Al contrario, precisamente porque conocemos el compromiso que muchos colombianos tienen con la transparencia, la justa competencia y el cuidado de los recursos públicos, es que insistimos en la urgencia de encontrar a los responsables en estos casos y que haya sanciones ejemplarizantes. No podemos permitir que nos sigan robando el país de esta manera.

 

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