¿Para cuándo la economía?

La demora del Gobierno en tomar las medidas económicas necesarias para contrarrestar la crisis puede causar problemas a largo plazo. / Bloomberg News

Seguir supeditando las decisiones económicas que necesita Colombia para enfrentar la crisis de recursos a otras consideraciones políticas le puede salir muy caro al país. La advertencia emitida la semana pasada por Standard & Poor's Ratings Services (S&P), en la que anuncia que la calificación de inversión en Colombia se puede reducir en el futuro si la indeterminación continúa, es una muestra más de que el Gobierno no puede seguir esperando.

La calificación actual de S&P a Colombia, que es una valoración utilizada por inversionistas de todo el mundo para decidir dónde destinar sus recursos, es un BBB que invita a confiar en el país. Sin embargo, la calificadora de riesgo dijo en su informe que “podríamos bajar las calificaciones si las negociaciones de paz se demoran más de lo previsto o si acontecimientos políticos debilitan la capacidad del Gobierno para ajustar la política fiscal por medio de medidas de gasto e ingresos”.

El problema es que el Gobierno salió tan maltrecho de su venta de Isagén que, como ya lo dijimos en este espacio hace un tiempo, prefirió escuchar a los llamados de varios sectores políticos que le pedían no presentar una reforma tributaria estructural hasta que se haya votado el plebiscito por la paz. No sobra repetirnos: el pueblo colombiano debe ser capaz de diferenciar las necesidades del país, y no deja de ser mezquino el raciocinio que convierte todo en un cálculo político, más aún cuando los problemas económicos necesitan medidas urgentes.

Lo sabe Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, quien dijo que “hemos anticipado las medidas que debemos tomar, y que tomaremos con firmeza y decisión, para afrontar los retos externos que causó la revisión de S&P”. Y aún así, los debates se siguen dando a puertas cerradas, lejos de la necesaria atención del país para entender la magnitud del problema que se afronta.

Dentro de lo que ha dejado conocer Minhacienda, se está planeando un drástico recorte en el gasto público cercano al 0,8% del PIB, que alcanzará una cifra superior a los $6 billones. Bien, pero las reformas que se necesitan deben ir más allá del aterrizaje de la llamada “austeridad inteligente” que tanto bombo recibió por el Gobierno en su momento.

No son menores los retos que afronta el país. La renta petrolera no muestra señales de vida y, como lo menciona Salomón Kalmanovitz en su columna (“Los peligrosos desequilibrios económicos”, 22/02), las importaciones y exportaciones se redujeron considerablemente, sin una solución aparente en el horizonte. La desacelerción de la economía es una realidad que tiene que afrontarse cuanto antes.

Cárdenas aseguró que, pase lo que pase con el acuerdo de paz, en el segundo semestre se presentará al Congreso una reforma tributaria. Así debe ser y debió ser desde un principio, y ojalá el Gobierno no falte a esa promesa, ni las fuerzas políticas sean tan miopes como para temerles a las repercusiones electorales de un remedio necesario.

Además de los recortes presupuestales, deberán venir más impuestos que ayuden a tapar los considerables huecos que dejó el petróleo. Para que los colombianos entiendan las medidas que se vienen, el debate debe darse con transparencia y con un mensaje claro de urgencia. No más dilaciones.

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