Las quejas, sin embargo, se han enfocado contra el instrumento mismo y no contra la forma de usarlo. Y, sí, mucho de lo que el instrumento permite puede prestarse para su uso (y abuso), pero en términos de lo que pierde y lo que gana un Estado con la tutela diseñada tal como está, por mucho se justifica dejarla indemne. O con reformas que tengan que ver mucho más con el sistema judicial que con el derecho consagrado en la Constitución. Mucho ojo, pues, a los cambios que olímpicamente se están proponiendo.
En un Estado Social de Derecho, como el que nos rige, es la tutela, por encima de cualquier otro recurso, el más importante para la defensa de los derechos y de la democracia misma. Es la forma de acceder, de manera expedita, no sólo a las soluciones más adecuadas, sino a la puesta en práctica de los valores más altos y más etéreos que están consagrados en la Constitución. Es el derecho en acción. ¿Qué pasa si se abusa de ella, como se tilda ahora el fenómeno de la ‘tutelatón’?
Primero hay que aclarar los términos y quitar el mucho palabrerío efectista que se ha usado contra este fenómeno. Que congestiona, dicen. Que rompe con el precedente, argumentan. No tanto. De las 35.000 tutelas que se resuelven mensualmente en Colombia, las 800 que tienen que ver con el lío político del alcalde Petro lucen pálidas. No son nada, de hecho. Ni le quitan ni le ponen a la congestión del sistema judicial. Y 800, dentro de los votos que llevaron al alcalde Petro a su cargo, que son los derechos que presuntamente estarían siendo vulnerados, tampoco son tantas.
La discusión, entonces, no debería darse sobre este plano. El problema es el abuso del instrumento. Es evidente que no solamente ciudadanos preocupados por el derecho han presentado sus tutelas. Mucha de la estrategia del alcalde Petro ha sido sumar y convencer (¿tal vez ordenar?) a muchas personas para que lo apoyen a él, mucho más allá de los derechos realmente afectados. Y, por supuesto, eso no está bien. Proteger la tutela implica no abusar de ella, para no darles la razón a quienes quieren eliminarla del sistema jurídico.
Pero no solamente está el hecho de que las 800 tutelas no son tantas para congestionar la justicia e impedir su actuación, como se ha vendido. Antes bien, el mismo sistema, como está, puede corregir el camino del abuso. En cuanto a la mentada congestión para frenar el avance de la justicia, ¿no puede la entidad a la que se dirige el instrumento acumular las tutelas de acuerdo con las causas que las inspiran? ¿No puede, así, librarse del peso de un puñado de ellas con una figura jurídica prevista ya?
Y en cuanto al precedente de la llamada “tutelatón”, que es el otro caballito de batalla de quienes ahora buscan afectar el instrumento, puede que, por ahora, existan fallos que tienen en cuenta unos derechos y otros no, o que incluso son en contra de la protección de los derechos que buscan ser tutelados. Pero, al final, todos estos interrogantes encontrarán cierre. Tal y como lo dijo Gustavo Zafra en la entrevista con Cecilia Orozco para este diario el pasado domingo, al final habrá una decisión única.
Toda esta esquizofrenia terminará por la misma ruta del derecho. Frente a todo esto, nos preguntamos: ¿sí merece ser la tutela modificada o retirada de nuestro ordenamiento? Nos inclinamos, por ahora, por el no. El sistema, con sus fallas, debe ser pensado mucho más allá de las coyunturas políticas del momento.