El asunto adquiere dimensiones espeluznantes pues los responsables parecen ser nada menos que el alcalde, su jefe de seguridad, cerca de treinta policías y las mafias locales en un pequeño pueblo del estado de Guerrero.
Tan grave es lo que pasa en Iguala que el presidente, Enrique Peña Nieto, tras manifestar públicamente su indignación y prometer sanción para los responsables, envió a la policía federal para que se tomara la ciudad. Primer resultado, veintidós agentes de la policía municipal a la cárcel. El alcalde y su jefe de la Policía tomaron las de Villadiego y se encuentran desaparecidos desde que se conoció la noticia del secuestro, hace algo más de una semana. A pesar de que el primer mandatario ha puesto en práctica una ambiciosa estrategia de seguridad con resultados positivos en lugares donde operan los carteles de la droga más importantes, Guerrero no está dentro de las prioridades. Estas son las consecuencias.
Siendo un estado pobre, con muy graves problemas sociales, es explicable por qué la perniciosa alianza de las autoridades políticas locales y los carteles de la droga, en este caso los Beltrán Leyva, hubiera establecido un matrimonio de conveniencia que les ha dado excelentes resultados. Los unos cohonestando la corrupción a todo nivel desde sus cargos públicos y los otros pagando generosamente la complicidad de la policía para actuar a sus anchas. A pesar de las valientes denuncias de ciertos periodistas que arriesgaban su vida por ello, el ambiente general de complicidad les es propicio para mantener sus narcofeudos.
La dantesca historia comenzó cuando cerca de cuarenta estudiantes de una escuela normal del pueblo de Ayotzinapa, que prepara a jóvenes de muy escasos recursos provenientes de distintas partes del país, cometieron el error de ir en la noche a Iguala. Venían en unos buses que habían tomado “prestados” con el fin de recoger dinero para su escuela. Como en el pueblo los consideraban pendencieros, “alguien” dio la orden a la policía para que actuara. No podía quedar impune la afrenta de llegar a territorio donde no eran bienvenidos. Al primer estudiante que se bajó a preguntar a la policía qué pasaba lo mataron de inmediato. Luego dispararon a mansalva contra los autobuses, detuvieron a los ocupantes y, al parecer, se los entregaron a los mafiosos que se los llevaron a una montaña a dos horas del pueblo.
Una semana después dos sicarios fueron capturados y confesaron haber ejecutado y luego prendido fuego a los cuerpos de unos dieciocho de los secuestrados. En el lugar que mencionaron se encontró una fosa común con diez cuerpos más de los anunciados y aún no se sabe qué paso con los jóvenes restantes, presumiéndose lo peor. Las preguntas son muchas, las respuestas muy pocas. La mayoría de los ochenta alcaldes de Guerrero está ahora bajo investigación federal, así como sus fuerzas de policía, para determinar hasta dónde están enraizados los tentáculos de la mafia en la política local. De hecho, los Guerreros Unidos, el grupo vinculado a los Beltrán Leyva que se atribuye la masacre, ya anunció que va a prender el ventilador para dar los nombres de los políticos que los han protegido hasta el momento.
Lo cierto es que el país, encabezado por los padres y familiares de las víctimas, pide al Gobierno celeridad en la investigación y castigo para los responsables. Unas semanas atrás, unos militares mataron en estado de indefensión a veintiún jóvenes luego de un tiroteo y de que estos últimos se hubieran rendido. El hecho está en investigación. Como en el poema de Mario Benedetti, tanto en México como aquí en Colombia podremos “estar curados de espanto, y sin embargo” cada día sucede un nuevo hecho doloroso que no deja de causar horror.