Es obvio que un proceso de paz de tan alto calibre (uno que pretende acabar con una guerra sanguinaria de medio siglo) debe enfrentar embates de todo tipo: oposiciones fuertes, cuestionamientos razonables, críticas despiadadas, insultantes incluso... ¿Por qué no? Pero esto, este aparente quiebre de la legalidad, ya es pasar la raya de lo aceptable.
Lo que hoy se investiga es gravísimo: supuestas interceptaciones al jefe de prensa de las Farc, a dos periodistas cubanos, a un correo institucional del Gobierno y, todo parece indicar, al del propio presidente Juan Manuel Santos. Si bien es cierto que las personalidades públicas (probablemente todos en este caso lo sean) tienen un derecho a la intimidad más restringido que el de cualquier ciudadano de a pie, mucho hay de reprochable en que un grupo de civiles, de acuerdo con lo que dijo el fiscal general Eduardo Montealegre, tengan la disposición y la técnica necesarias para llegar a esas informaciones por medios ilícitos. Dijo Montealegre que se trataba de un asunto grave de seguridad nacional. Tiene toda la razón.
Por todos estos hechos fue capturado Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, quien ostenta grandes conocimientos informáticos y es dueño de la empresa que el CTI allanó. Ojalá exista justicia y claridad. Hay muchos elementos alrededor de este caso —desde que sea un simple negocio criminal particular para negociar con informaciones secretas hasta que fuere una plataforma para aprovechar ese manejo ilegal de informaciones en activismos políticos— que la justicia debe aclarar por completo. Y ojalá también, claro, que no tengamos que seguir informando sobre más sabotajes al proceso de paz desde la ilegalidad.
Entre tanto, cabe preguntarse lo más lógico: ¿por qué se sabe todo esto ahora? No hay que ser muy suspicaz para atar los cabos sueltos de esta historia: la segunda parte de la noticia toca de forma directa al candidato a la Presidencia por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien, apenas se supo todo, expidió un comunicado en el que, palabras más, palabras menos, aceptaba la gestión de esta empresa para asuntos de seguridad informática y redes sociales en su campaña, así como la ayuda de la esposa de Sepúlveda, Lina Luna, para transformar de forma simple sus propuestas, y de la madre de ella, Myriam de Lourdes, para mejorar su expresión oral y corporal.
Es apenas lógico que sus opositores brincaran: “lo que se denunció es muy grave y ya la persona capturada dijo que iba a colaborar con la justicia; si él revela que hubo premeditación para sabotear el proceso de paz y la campaña de Santos, esa campaña es inviable ética y jurídicamente; entonces, que se comprometa a renunciar si eso se comprueba”, exigió a Zuluaga, por ejemplo, Guillermo Rivera, representante a la Cámara del Partido Liberal.
Y este nuevo escándalo se descubre apenas un día después de que la prensa sacara a la luz que J.J. Rendón, hoy exasesor (por dicho escándalo) de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, se había reunido con varios capos del narcotráfico para generar acercamientos con su gobierno y pactar un proceso de negociación. Muy raro, o tal vez no, que todos estos escándalos tan graves se descubran justo cuando los candidatos están en correría por todo el país convenciendo a la gente de que voten por ellos.
Otro escándalo más a esta sosa campaña electoral. Aparte de las investigaciones pertinentes y las preguntas que surgen, ¿esto es de lo único que vamos a hablar a dos semanas de las elecciones? Ojalá no.