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Una de las preocupaciones que más fuerza tuvo durante la elección del nuevo fiscal general de la Nación, hace unos meses, fueron los comentarios de Néstor Humberto Martínez, a la postre designado, sobre la violencia intrafamiliar y la mejor manera de tratarla. Con un anuncio hecho esta semana, sin embargo, la Fiscalía dio un paso contundente para despejar esos miedos y decirle al país que, junto con la corrupción, su prioridad será atacar la impunidad que reina en este delito y fomentar soluciones más integrales, más allá de la pena, al problema que hay de fondo.
En una conferencia de prensa, el fiscal Martínez y la vicefiscal, María Paulina Riveros, aportaron nuevas cifras que demuestran la lamentable gravedad del problema. Entre enero y octubre de este año, la Fiscalía ha recibido 99.800 denuncias por violencia intrafamiliar, que le otorgan a ese delito el perverso honor de ser el que más se ha incrementado (un 20 %) en Colombia durante 2016. Es el tercero de mayor impacto después del hurto y las lesiones personales.
Más angustiantes aún son los hallazgos de la Fiscalía al cruzar la información: en 2008, el 2,3 % de las mujeres que fueron asesinadas había denunciado con anterioridad ser víctimas de violencia intrafamiliar; ahora, este grupo representa un 10 %. Los hogares de Colombia están sirviendo de resguardo para una violencia terrible que está invisibilizada y que se agrava cada vez que ocurre y pasa sin ser denunciada. ¿Cuántas mujeres más, que son en mayoría las víctimas por la relación de poder que el machismo estructural crea en las familias, vamos a perder hasta que tomemos las medidas necesarias para cambiar las raíces del problema?
La Fiscalía se ha comprometido a hacer lo suyo desde sus competencias. Además de las cifras, también anunció la imputación de cargos contra 3.015 personas en todo el país y la emisión, en las últimas horas, de 650 órdenes de captura, de las cuales 137 ya se habían hecho efectivas. En otra muestra de las características de este tipo particular de violencia, el ente investigador informó que el 36 % (1.093) de los victimarios son reincidentes.
Sin embargo, romper con la impunidad, que es esencial, no es suficiente; por eso, la vicefiscal ha iniciado conversaciones con organizaciones de víctimas y de la sociedad civil para encontrar respuestas más amplias desde la política pública, algo que se ha venido pidiendo desde hace rato. Esperamos que ese liderazgo desde el poder desemboque en programas de intervención cultural en todos los espacios donde germinan los discursos que justifican este tipo de violencia.
En la violencia de género y en el delito particular de violencia intrafamiliar, lo frustrante es que hay causas identificadas, patrones reconocidos y víctimas invisibilizadas, pero no hemos logrado adoptar una estrategia nacional que demuestre eficiencia. Uno de los principales estigmas ha sido que denunciar es inútil y sólo genera más violencia, por lo que el valor simbólico de que la Fiscalía priorice estos casos es potente y, sin duda, ayuda a combatir ese imaginario que lleva al silencio. Aunque sabemos que el impacto del derecho penal como disuasión es limitado, su capacidad de empoderar a las víctimas es necesario.
Lo que sigue es fomentar una discusión nacional abierta, que eduque en cómo la desigualdad, una cultura complaciente con el machismo y la idea de que “los trapos sucios se lavan en casa” han convertido los hogares del país en campos de batalla llenos de abusos indignantes. Ese enfoque de género, tan satanizado irresponsablemente por algunos en la discusión sobre la paz, es precisamente lo que necesitamos entender e implementar en todos los tipos de violencia de Colombia. Es eso, o seguirnos impresionando, año tras año, con cifras que aumentan ante la aparente indolencia.
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