Luego de haber manejado con indelicadeza las protestas sociales y, por esto mismo, recrudecer la insatisfacción, el presidente Santos descubrió (y reconoció) cosas que ya debía saber desde que empezó a gobernar: que el campo estaba en ruinas, que los trabajadores estaban abandonados a la deriva de su propia suerte, que no estaban listos para afrontar retos mayores.
Y entonces fue cuando decidió conciliar: así, pues, convocó el Pacto Nacional. Esta era la oportunidad para entender qué es lo que los campesinos tienen por decir. Y, de esta forma, llegar a acuerdos posibles para realizar las reformas estructurales que eliminen ya no sólo el descontento, sino también la realidad del campo colombiano. Fijar una agenda, oír opciones posibles, negar otras...
Lo primero fue la abstención, ya inexplicable a estas alturas, de la que fueron protagonistas unos movimientos de campesinos organizados: como Dignidad Cafetera o la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular, quienes con pretendida fuerza opositora dicen que no creen que lo que pueda resultar de este pacto los beneficie a ellos. Pero con tozudez, también, porque si no es con este mandatario, ¿con quién están dispuestos a elevar sus reclamos para que se transformen en políticas serias y aplicables para resolver sus problemas? Nos parece que la abstención, mucho más allá de ser un símbolo, es una forma muy fácil de clavarse a sí mismos un puñal.
Ahora, el Gobierno. No deja de sorprender que este llamado Pacto Nacional Agrario comience al revés: el presidente expidiendo y firmando decretos. El jueves, en la primera etapa de la jornada, el descontento reinaba; la desconfianza de los labriegos, también. El propio ministro del Interior, Aurelio Iragorri, describió así el inicio de la jornada.
El ánimo caldeado casi hace que la reunión se cancelara. De pronto, al cierre de ella, el presidente anunció su paquete de decretos, sus medidas de choque que, a grandes rasgos, no suenan nada mal: entre ellas se encuentran dejar en cero el arancel para productos agrícolas, un régimen de libertad vigilada para el control del precio de los insumos agrícolas, fortalecimiento del Ministerio de Agricultura, entre otras medidas harto útiles para el campo colombiano.
Lo hizo el Gobierno el jueves, es evidente, ante la necesidad de calmar un poco las cosas. Puede que se calmen, ya que las medidas responden a una parte (mínima, sí, pero necesaria) de lo que se ha estado pidiendo. Pero esto, en realidad, no es un pacto. Y mucho menos nacional.
A este proceso le faltan dos cosas importantes: lo primero es aplicabilidad. Que todo esto no se quede en la simbología del decreto hecho legal por la firma del puño y letra del presidente. Habrá que ver qué tanto de esto se aplica en la realidad. Pero le falta, sobre todo, la participación campesina. Un pacto únicamente con los gremios no basta, no sería suficientemente representativo. ¿Con quiénes se habla, qué se negocia, qué realidad no atienden los decretos firmados desde Bogotá? Ahí vimos a los labriegos pidiendo en términos simples lo que el Gobierno no parece entender: hacer la hoja de ruta campesina con los campesinos. ¿Muy difícil?
Esperamos que este primer paso redunde en un verdadero pacto. Nacional. Con participación plena de las realidades locales.