De persecuciones y justicia

Anunció la Fiscalía General de la Nación esta semana que termina que imputará cargos contra Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, secretarios jurídico y de prensa del expresidente Álvaro Uribe durante su mandato.

El Espectador
04 de julio de 2015 - 09:03 p. m.

Esto revive uno de los hechos más escandalosos de esa presidencia: el día de abril de 2008, en que Antonio López Jiménez, alias Job, paramilitar conocido por ser la mano derecha del capo Diego Fernando Murillo, alias Berna, visitó a esos dos funcionarios en la Casa de Nariño, después de entrar a la sombra, por el sótano. Sórdido.
 
Para la Fiscalía, la visita de Job es una de las varias pruebas de la participación de Velásquez y Del Castillo en el complot creado entre 2007 y 2008 para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez, quien en aquel entonces lideró las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre parapolítica. En ellas se vieron involucrados varios miembros del uribismo, incluyendo a Mario Uribe, primo del expresidente, investigado por parapolítica en aquel momento, y luego condenado. También se les acusa de participar en la organización de montajes en contra de Yidis Medina, condenada por la venta de su voto a favor de la reforma que permitió la reelección del expresidente Uribe. En el caso de Del Castillo, el ente acusador afirma poder probar que influyó para que funcionarios del DAS llevaran a cabo “chuzadas”.
 
Hace apenas dos años, también por el caso del magistrado Velásquez, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó su condena a 70 meses de prisión a Sergio Augusto González, abogado que elaboró una de las cartas que contenían denuncias falsas contra el investigador. El expediente de su caso demuestra que aún hay muchas preguntas sin responder sobre los participantes en los montajes.
 
Los investigados, por supuesto, se defienden. Según su versión, sólo aceptaron la reunión porque Diego Álvarez, por entonces abogado de Berna, les había dicho que tenía información relacionada con un posible complot de la Corte Suprema en contra del Gobierno. La llegada de Job a la reunión, dice Del Castillo, fue una sorpresa. La Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, abrió investigaciones disciplinarias que terminaron concluyendo que los funcionarios no habían hecho nada incorrecto. El ahora senador Uribe adhiere. Para él, la imputación es una muestra más de una “justicia politizada” que persigue al uribismo.
 
Pero cuesta creer la versión de la persecución. Los procesos que el fiscal Eduardo Montealegre ha promovido en contra de figuras del uribismo no sólo iniciaron antes de su llegada al cargo, sino que tienen que ver con algunos de los hechos más lamentables de la historia reciente colombiana. Lo fundamental es que la Fiscalía demuestre, con total integridad y transparencia, que cuenta con pruebas suficientes para respaldar sus imputaciones. Especialmente cuando hay testimonios de Giorgio Sale, hombre cercano a Mancuso, y del mismo Berna, sobre supuestas solicitudes provenientes de la Casa de Nariño para enlodar a la Corte Suprema de Justicia. El país merece conocer la verdad sobre, esa sí, persecución ilegal.
 
Que la tesis uribista resulte peregrina, no obsta para aspirar que la diligencia demostrada por el fiscal Montealegre en estos casos se aplique por igual para otros procesos importantes para el país, así incluyan a personas relacionadas con el Gobierno actual.
 
 Celebramos, pues, que cada día nos acerquemos a conocer más sobre lo que ocurrió en esos años de conflictos entre las ramas del poder público que traspasaron, y de lejos, el límite de lo legal. Invitamos al uribismo a que se defienda en las cortes y abandone el discurso de la persecución, así como invitamos al fiscal a demostrar que sus investigaciones no han sido influenciadas por ideologías políticas, sino por evidencias tangibles. Esa es la justicia que merece Colombia.

 
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Por El Espectador

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