Pero también, la aprobación el pasado lunes en la Cámara de Representantes, por gran mayoría, del proyecto de ley que presentó el gobierno de Juan Manuel Santos sobre patrimonio sumergido, cuyo espíritu es el de proteger riquezas como los naufragios de la época de la Colonia, caso del legendario galeón San José y sus riquezas en oro, plata y esmeraldas, hundidas en cercanías a las Islas del Rosario.
Durante los últimos cinco años, El Espectador se ha dedicado a advertir la importancia de este tema en investigaciones, reportajes, crónicas, y en este mismo espacio. Denunciamos la ineficiencia del Gobierno colombiano y del Congreso desde los años 80 por no crear la normatividad para proteger el patrimonio arqueológico subacuático, así como el nombramiento en la Comisión de Especies Náufragas de funcionarios impedidos que se convirtieron en obstaculizadores de una ley marco. Insistimos en la trascendencia del tema, no sólo por el potencial económico, sino en especial por el valor histórico y cultural que representa. Revisamos el fracaso de cuatro proyectos de ley previos. Señalamos la inconveniencia de que Colombia suscribiera la Convención de la Unesco sobre patrimonio sumergido, porque favorece abiertamente los intereses de España. Y el pasado 2 de diciembre revelamos que la pérdida de 75 mil kilómetros cuadrados de mar Caribe frente a Nicaragua implica la pérdida de un lecho marino en el que puede haber 300 galeones por rastrear.
Después de décadas de olvido, por fin la Cámara de Representantes le dio luz verde al proyecto de ley, pero ahora el Senado y la ministra de Cultura, Mariana Garcés, tienen la responsabilidad de que los marcos jurídico y técnico que lleguen a aprobarse sean “salomónicos”, para utilizar la expresión de la canciller Holguín respecto de la Corte de La Haya. En este caso, quiere ello decir que respondan a los requerimientos científicos y académicos, pero que también regulen el peligroso factor comercial.
Algunos todavía defienden la conservación in situ de los hundimientos, a partir de experiencias como la de Canadá, que creó museos submarinos. Otros propugnan por la extracción científica de los bienes culturales para ser estudiados y conservados en museos en tierra, como sucede en España. Las dos opciones implican presupuestos multimillonarios de los que no dispone el Estado.
Por eso, urge legislar sobre cómo financiar la localización, extracción y conservación, y la fórmula probada a nivel internacional está en la empresa privada. El debate está en que con esta solución llega el problema de los intereses de las multinacionales, listas a rescatar galeones a cambio de parte del botín. La Corte Suprema de Justicia ya sentó doctrina sobre el tema y desde 2007 decidió que Sea Search Armada es la compañía que se ganó el derecho a rescatar el San José y que por ello tiene derecho a la mitad de aquellos bienes que no sean considerados patrimonio único e inalienable de la Nación. Si hay mil monedas de oro, las piezas repetidas pueden ser comercializadas y el beneficio económico repartido por mitades entre el Estado y la firma exploradora.
Así lo prevé el proyecto que cursa en el Congreso y que debe ser revisado con sumo cuidado. El reto del Gobierno y de los senadores es eludir las presiones y encontrar lo más rápido posible un punto de equilibrio entre intereses culturales y económicos, porque, como le dijeron varios expertos a este diario, tal vez cuando Colombia tenga una legislación sea demasiado tarde para buscar vestigios de lo que se hundió durante el saqueo colonial, sabiendo del poder de sonares y robots de los cazatesoros.