Fue una medida de prevención originada hace 12 años, cuando se constató la proliferación de títulos mineros, incluso en las áreas del Sistema de Parques Nacionales. El gobierno de turno no había adoptado explícitamente el “desarrollo sostenible” y el fantasma de la desregulación ambiental andaba suelto. Hoy, al menos con base en lo que ha dicho el Gobierno, algo debería cambiar.
Pero los conflictos de intereses se siguen dirimiendo en torno a la delimitación de ecosistemas “estratégicos” —los que proveen bienes y servicios directos— apartándose de la Política de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos adoptada en el primer gobierno de Santos. Porque las áreas con valor ambiental no son solo las presuntamente naturales en las que se deban evitar todos los usos. La sostenibilidad es un equilibrio agenciado entre los aspectos ambientales, sociales y económicos: debe ser aplicada según la normatividad vigente y no por mandato de locomotoras desreguladas.
Los proyectos productivos del país deben inscribirse en un proyecto ecológico y social no con base en principios generales de escritorio, sino en su especificidad en el territorio. Por supuesto hay que delimitar las áreas protegidas con precisión predial, que son la forma que tiene el Estado para limitar y compensar legalmente los derechos de propiedad, uso y disfrute del espacio, pero no se trata de delimitar todo ecosistema natural para establecer un régimen de uso y exclusiones adicional, que resulta imaginado, más que real.
Deberían los sectores productivos, a nivel de políticas y proyectos, delimitar su campo de acción. El ordenamiento territorial, al fin y al cabo, es la espacialización de las políticas. El Gobierno Nacional, en un diálogo intersectorial, debería buscar los equilibrios necesarios y posibles, evitando conflictos entre sectores que representan intereses legítimos.
Una agenda enorme para que las autoridades ambientales regionales promuevan acuerdos sociales y ambientales. La visión contraria, de excluir actividades en algunos ecosistemas según su tipo, como mandato del plan de desarrollo, no está permitiendo aplicar instrumentos adecuados de política y acción. Están hoy siendo parte del problema y no de la solución.
El Ministerio de Ambiente se enfrenta a la delicada tarea, por ejemplo, de delimitar con precisión el páramo de Santurbán, en un ejercicio que no es suficiente para proteger el agua y la biodiversidad de ese Macizo, a costa de no dejar a todos contentos, y exacerbar algunos conflictos. Más grave aún: no permite actuar sensatamente frente a la necesidad de organizar ese territorio que en algunas zonas es minero desde hace siglos y agrícola desde hace décadas y, en parte mayoritaria, no solo por el páramo, sigue siendo clave para la biodiversidad y el suministro del agua.
No es delimitar los ecosistemas para excluir de ellos la minería, por ejemplo, sino delimitar la minería, para integrarla a la gestión del territorio. Como dice el refrán africano, cuando dos elefantes se enfrentan, en este caso conservación versus desarrollo, el que resulta afectado es el pasto. En este caso, el territorio. ¿En que momento desafortunado se desvió la gestión ambiental?