Nada fácil que algo así resulte bien: se requiere de una tarea de relojería constitucional, inspirada en un afán milimétrico y perfeccionista. Es nada menos que una reforma al Estado y sus instituciones. Los debates, tanto de fondo como los mediáticos, han sido en torno a pulsos políticos e intereses personales que, sin sonrojo, manifiestan en público algunos de nuestros funcionarios. Una pelea antes que un ajuste institucional.
El texto es lo primero, sin embargo. Ahí tenemos propuestas de distinto tipo (modificaciones estructurales a la Rama Judicial, implementación del voto obligatorio, juzgamiento distinto a funcionarios del Estado, eliminación de la reelección), que, a juicio de un experto en el tema, como el profesor Rodrigo Uprimny, no tienen un espíritu unificador. En su columna del pasado domingo en este diario, Uprimny dijo que lo mejor era cerrarles el paso a todas las demás y lograr que una sola propuesta prospere: la de eliminar la reelección presidencial y de todos los demás funcionarios. Eso fue lo que, en primera medida, generó el desequilibrio, ¿no? Y, dice Uprimny, podrían discutirse en el futuro, con calma, otras modificaciones posibles. Puede ser.
Ya habíamos hablado en este espacio de que en la reforma había propuestas de todo tipo, buenas y malas. Y que la discusión en el Congreso debía ser precisa para que, cuando la reforma sea ya Constitución hecha y derecha, no terminemos por rasgarnos las vestiduras. Cien normas buenas no enmiendan una mala. En el primer caso, es mejor abstenerse: ya lo vivimos con el embrollo en que nos metió la introducción de un articulito, del cual en buena hora pretendemos salir ahora. Sólo faltaría que por salir de él nos hundiéramos más en la arena movediza de la política.
Porque el gran problema es que la discusión de las propuestas buenas, como la necesaria creación de un tribunal de aforados independiente que reemplace a la Comisión de Acusación de la Cámara, han terminado en pulsos políticos: ahí oímos enfurecido al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, comparando la figura con el holocausto del Palacio de Justicia y alucinando con venganzas. ¡Por favor!
Esas presiones, junto con las que denunció este diario sobre el Gobierno mismo convenciendo a senadores a puerta cerrada, han permitido que en la ponencia que hoy se examina el tribunal no tenga la capacidad de juzgamiento: un tribunal sin sentencias para emitir. ¡Vaya creatividad! La gran idea de que haya un cuerpo independiente con capacidad condenatoria, al que no le tiemble la mano (como sí a la desprestigiada comisión) se convirtió en una caricatura que envía sus sospechas e investigaciones de vuelta al Congreso. Impensable que eso sea lo que estemos discutiendo: pegarle un hachazo a la Constitución para que, aparte de gastar presupuesto en una nueva institución, ésta no sirva para nada.
Este es apenas un punto. Vamos a ver cómo giran los debates de aquí en adelante. Pero si esa es la introducción al cuento, no queremos saber su desenlace. Lo mejor, insistimos, es librarnos de la figura que nos trajo a todo esto y dar un compás de espera, con argumentos más serios, para emprender las otras grandes reformas que el Estado necesita.