La deuda de la justicia

Gracias a que el Constituyente de 1991 acogió el Estado social de derecho, en nuestra Constitución Política se encuentran incorporados los derechos sociales fundamentales y los clásicos derechos políticos y civiles.

Todos en Colombia, incluidos los entes gubernamentales, se encuentran sometidos a la ley. Además, el Estado tiene el deber de cumplir con unos fines sociales que reivindican a los grupos marginados.

Los jueces de la República son los principales encargados de que los postulados básicos del Estado social de derecho sean una realidad por dos razones. En primer lugar, ellos son los que juzgan a quienes infringen la Constitución y la ley. En segundo lugar, mediante mecanismos como la acción de tutela, los jueces amparan a las personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales.

Debido a lo anterior, desde el mes de octubre, cuando los funcionarios de la Rama Judicial entraron en paro, se ha visto menoscabada la aplicación de los postulados básicos de la Constitución Nacional. El cese de actividades de la administración de justicia ha evitado que sean juzgadas las personas que incumplen la ley y que sean tutelados los derechos fundamentales de las personas que los han visto vulnerados. En otras palabras, el Estado social de derecho se ha visto seriamente perjudicado con la suspensión de actividades por parte de los miembros de la Rama Judicial.

Las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta son las más perjudicadas con esta situación. En su gran mayoría, son ellas las que no han podido acudir ante los jueces para que tutelen sus derechos fundamentales. Al igual que los trabajadores de la Rama Judicial, los derechos esenciales de muchas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta están en paro. Los fines del Estado social de derecho, en gran medida, se encuentran suspendidos debido al cese de actividades de los funcionarios judiciales.

A pesar de que el Gobierno y Asonal ya habían llegado a un acuerdo, muchos funcionarios de la Rama Judicial aún continúan en paro. Con las divisiones existentes al interior del sindicato de la Rama Judicial y de éste con el Gobierno, han sido los colombianos más necesitados, que son ajenos a esas problemáticas, quienes han terminado pagando los platos rotos. Colombia no aguanta más tiempo con esta situación. Es necesario que el Gobierno y los funcionarios de la Rama Judicial lleguen a un acuerdo que permita que la administración de justicia retome sus actividades. Ambas partes tienen que ceder por el bien general, por el bien del país. Cada día que los jueces de la República no ejercen sus funciones es un día que Colombia ve vulnerado el Estado social de derecho.

Ayer se conoció que los huelguistas piensan hacer un receso en el paro para negociar con el Gobierno, pero que lo reanudarían a finales de enero de no llegar a un acuerdo. Ojalá sea éste el comienzo de la solución. Sin embargo, parece un mal chiste que anuncien el regreso a sus actividades dejando por sentado que se tomarán la llamada vacancia judicial de fin de año. Los miembros de la Rama Judicial que suspendieron sus actividades deben ser conscientes de que hay millones de colombianos que se vieron seriamente perjudicados por la imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales. Deben tener claro que durante gran parte del segundo semestre del año les fallaron a quienes más los necesitaban. Y, en consecuencia, deberían trabajar con más compromiso, tiempo y dedicación de los usuales.