Dignidad del cargo

Una vez destapado el escándalo del aún magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt (haber pedido, presuntamente, $500 millones para favorecer una tutela de Fidupetrol, a más de despojo de tierras y otras deshonrosas actuaciones que se han conocido después), muchas de las noticias alrededor apuntan al desprestigio total de esa institución: no solamente son las revelaciones sumadas sobre la hoja de vida del todavía magistrado, sino también las múltiples denuncias que se ciernen desde otras aristas de la institucionalidad colombiana: el mismo Pretelt, por ejemplo, ha salido sin ningún empacho a deslegitimar a buena parte de quienes representan algún tipo de poder público en Colombia. Como si fuera poco, y al vaivén de los acalorados acontecimientos, se anuncian reformas que, por supuesto, ganan atención por el escándalo y no por la frialdad que debe inspirar un cambio en el Estado colombiano. Un revuelto de cosas.

El último anuncio del que tenemos noticias se origina en la misma Corte Constitucional: han informado que el miércoles de esta semana se reunirán sus magistrados en Sala Plena y decidirán (valga decirlo, por primera vez en toda su historia) si revocan del cargo a su presidente: una movida que, a fuerza de ser más efectiva que otras más diplomáticas que se han utilizado, obligue al señor Pretelt a hacer lo que ha debido por autonomía propia. Se trata de una forma desesperada de hacer las cosas: el reglamento de la Corte no prevé este tipo de situaciones. Sin embargo, en el orden del día de mañana miércoles figura la petición que han hecho Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio: “Revisión proyecto de reforma del reglamento interno de la Corte Constitucional”. Una reforma con nombre propio, mejor dicho. El aún magistrado Pretelt simplemente se alejó del cargo de forma provisional (dijo que para mantener intacta su presunción de inocencia) y puede volver cuando le plazca.

Esta reforma de último minuto pone en evidencia la crisis por la que atraviesa la institución: justo cuando su imagen está deteriorada estalla un escándalo de grandes proporciones que mancha, tal vez demasiado, la historia de una alta corte que se ha distinguido por su legitimidad ante la sociedad y los derechos que merece. La crisis, por supuesto, queda transparente cuando los magistrados deben recurrir a maromas legales para intentar salvar su nombre. Esta casa editorial no ha estado de acuerdo nunca con las reformas que se hacen al calor de los hechos y mucho menos cuando llevan nombre propio. Esta no es la excepción.

Existe, empero, eso que llaman “la dignidad del cargo” cuando se ocupa un puesto público: una responsabilidad que lleva consigo acometer distintas tareas, pero también tener de presente en todo momento un código de conducta muy estricto. Eso, nos parece, es lo que viola constantemente el todavía magistrado Pretelt. No es que presumamos mal de su inocencia, que queramos condenarlo de antemano con alguna acusación. Eso habrán de decidirlo las instancias que el Estado ha diseñado para ello. Pero el deber ético del aún magistrado, ya lo hemos dicho otras veces, es renunciar a su cargo: no solamente por cuestiones de legítima defensa sino también por la salud institucional del país. Los magistrados pasan. La Corte no tiene por qué estar, a las volandas, metida en ver cómo apagar incendios, con modificaciones a la medida para superar el terco descaro de uno de sus miembros. Es mucho, ya, lo que el aún magistrado le debe al país.

 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.