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El pasado 20 de julio, mientras el país celebraba la Independencia, en Chocó marchaban pidiendo lo que llevan demasiados años reclamando: un poco de atención, orden y apoyo para reconstruir un departamento que ha estado truncado por la corrupción, la violencia y el desinterés del resto del país. Como no fue suficiente, se inició un paro cívico que forzó al Gobierno a ir a Quibdó y ha desembocado en un acuerdo que compromete de manera directa a la administración de Juan Manuel Santos para solucionar los asuntos con mayor urgencia. Sin embargo, falta ver si en efecto se cumple, y no sobra preguntarse por qué la historia del Chocó se repite una y otra vez.
Basta citar un ejemplo para entender la gravedad de la situación del departamento. Como lo publicó en diciembre del año pasado El Espectador, más de $13.000 millones que estaban destinados para la prestación de servicios de salud se fueron para pagar deudas de campaña del exgobernador Efrén Palacios. Según testimonios dentro de la investigación por esos hechos, el dinero era repartido en porcentajes para el exgobernador, para pagar las deudas y para los intermediarios. Lo explicó el entonces vicefiscal, Jorge Perdomo: “Al constituir la red de prestación de servicios [Palacios] era consciente de que la única finalidad era apropiar los recursos del erario para retribuir los gastos de su campaña”.
Precisamente, la salud fue uno de los detonantes de las manifestaciones recientes en el Chocó. Entre lo que parece haberse acordado entre el Gobierno y los líderes cívicos del paro está el pago del pasivo del hospital San Francisco de Asís de Quibdó, que estaba en peligro de cerrar por deber más de $37.000 millones. Se creará una nueva empresa social del Estado que operará con el nombre Nuevo Hospital San Francisco de Asís y tendrá el control total del centro de salud. Además se prometió que en el 2017 entrará en funcionamiento el modelo de atención diferencial en Chocó. Más allá de la pregunta obvia —¿por qué no se había hecho esto mucho antes y se esperó hasta que la ciudadanía saliera a las calles?—, esperamos que la ejecución de los recursos se realice con total transparencia. No puede permitirse que la inversión se desperdicie.
No deja de ser extraño, por ejemplo, que el presidente Juan Manuel Santos hable de que “en los últimos seis años hemos invertido $7,5 billones en obras concretas [en el Chocó] y es una inversión que jamás había visto en su historia”, pero desde el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, que ha estado detrás de las protestas, se diga que el dinero no se ve. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién responde?
Cuando se levante el paro, el Gobierno también se habrá comprometido a colaborar para solucionar la diferencia limítrofe entre Chocó y Antioquia por el municipio de Belén de Bajirá; a poner en funcionamiento en menos de dos meses el acueducto de Quibdó, que, se espera, suministrará el 95 % del agua potable a esa capital, así como financiar e impulsar la finalización de diez acueductos que están en construcción en el departamento; a priorizar la conexión eléctrica de cinco de los 11 municipios que hoy no tienen electricidad, y a que haya más presencia de la Fuerza Pública.
Que esos sean los compromisos demuestran lo mal que está el departamento. Lo frustrante es que los diagnósticos existen desde hace mucho y en cada campaña electoral revive el interés por el Chocó, pero nada cambia o las cosas empeoran. Esperamos que ahora que hay un movimiento ciudadano más organizado para recuperar el control sea, por fin, el punto de quiebre histórico para, como dice el nombre del comité, salvemos y tratemos con dignidad al Chocó. Es hora.
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