Vemos, desde ya, por lo menos dos inconvenientes que se resumen en una sola cosa: hay aquí, en todo esto, un error de diseño institucional. Ha dicho el presidente que, una vez eliminada la reelección presidencial, no tendría sentido mantener en el ordenamiento esta Ley de Garantías que se hizo, justamente, como regulación a esa reforma constitucional: sin la una no hace falta la otra, dice. Un cálculo aritmético, apenas. ¿Pero tramitar ambas cosas al tiempo, y en víspera de las elecciones locales y regionales no luce inconveniente? ¿Temerario, incluso?
Una reforma política seria, con tan hondas repercusiones para el funcionamiento del Estado, no puede, primero, estar pensada ante la eventualidad: no puede condicionarse a que otra cosa ocurra al mismo tiempo. Más fácil aun: existe un escenario bastante probable en el que la reelección presidencial no sea eliminada: ¿qué pasa si la reforma de reequilibrio de poderes (donde se incluye acabar con la reelección) se cae en la segunda vuelta legislativa? ¿Y qué pasa si a esto se suma que la eliminación de la Ley de Garantías prospera? ¿No ha pensado el Gobierno en esta posibilidad tan latente? ¿La ve lejana, acaso?
No sobra recordar que en el Congreso pasan cosas. Ese es un escenario volátil de democracia activa: allí chocan intereses e ideologías. Las normas que se plantean al principio terminan muchas veces convirtiéndose en otra cosa. Dejar a la deriva democrática este cambio tan sensible no parece acertado. No al menos cuando se piensa tramitar todo al mismo tiempo. No se hacen políticas públicas como cazando con dinamita: esa actitud puede costar bastante.
Y una reforma política como esta no puede, en segundo lugar, tramitarse dentro de una coyuntura política tan caliente: ¿por qué el afán de tumbar la Ley de Garantías justo antes de que haya elecciones en Colombia? La oposición del Centro Democrático y del Polo han dicho que esta reforma le permitiría a alcaldes y gobernadores afectar la balanza de las elecciones a favor de los candidatos de sus partidos. Asimismo, los organismos centrales de control, como la Procuraduría General de la Nación, han dicho que se quedarían sin los dientes suficientes para impartir una sanción a quienes pudieran participar en política. La ley aún vigente sirve para controlar el gasto público y la contratación.
Podría, claro, haber una reforma extra para que (como ha debido ser desde siempre) la vigilancia en los procesos electorales no dependa tanto del centro del país, sino de fortalecidos mecanismos locales de control que sepan cómo se toman las decisiones sobre la destinación y el uso de los recursos públicos, tal y como lo dijo Elisabeth Ungar en las páginas de este diario hace unos días.
Pero eso tampoco lo vemos en el horizonte. No hay, por lo tanto, diseño institucional serio en las propuestas con las que volvemos de Semana Santa.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.