Muestra palpable de todo ello fue, sin duda, el manejo que le dio a las basuras, por el que hoy su cabeza rueda: extremadamente caótico a la hora de su aplicación inmediata, hoy también la Fiscalía investiga sus presuntas irregularidades.
Dejemos a un lado todo eso y centrémonos en dos mensajes que deja su destitución e inhabilidad por el término de 15 años a manos de la Procuraduría, la posterior decisión del Consejo de Estado, que pronunció la última palabra sobre la suspensión de dicho fallo, y las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger sus derechos políticos, que el presidente Juan Manuel Santos desechó en un discurso de cinco minutos.
El primer mensaje es que este gobierno demuestra de nuevo que, cuando no le gusta, no aplica lo que el derecho internacional le manda. Profusa jurisprudencia de la Corte Constitucional ha habido diciendo que las medidas cautelares son obligatorias. Hoy no. Y porque no. El presidente se la jugó por no acatarlas cuando muy fresco está el recuerdo de su “inaplicabilidad” del fallo del tribunal de La Haya. Ese es el precedente que deja: si no me conviene, no lo aplico. Nefasto mensaje.
En cuanto al segundo, se nos antoja una pregunta, acaso fundamental y digna de reflexión: ¿esta democracia nuestra, instituciones y representantes incluidos, sí permite que pueda haber un proyecto de gobierno proveniente del ideario de la izquierda?
Habría ciertamente historias para mostrar que sí, que la izquierda legal tiene espacio suficiente de acción en este país: desde el Yumbo vallecaucano gobernado por el exguerrillero Rosemberg Pabón hasta el departamento de Nariño en manos de Antonio Navarro. Pues sí. Eso es verdad. ¿Pero alguna vez en la historia de este país ha existido un gobierno claramente identificable con un ideario de izquierda que lo haya podido implementar? Y que no salgamos con el argumento fácil de la supuesta incapacidad de la izquierda para gobernar, porque vaya si habría ejemplos para decir lo mismo de cualquier tendencia que haya gobernado en Colombia.
¿Que Lucho Garzón pudo hacerlo allí mismo en Bogotá? Discutible. Tintes de izquierda, sí. Orígenes en ella, también. Pero no hubo allí un cambio de modelo, un proyecto de ciudad propiamente de izquierda, como el que sí planteó la Bogotá Humana, ajustado, por demás, y bastante, a donde está hoy el debate urbano en el mundo: densificado en el centro, amable con el medio ambiente, sin segregación social excluyente en su población...
No pudo ser. En mucho, claro, por la misma incompetencia de un político y un equipo que no supieron ejecutarlo. Pero también porque la institucionalidad se le opuso de manera feroz. Y por eso, así hayan sido muy aplicables y legales y razonadamente impuestas las medidas en su contra, siempre quedará la duda de si un gobierno tradicional, de otra tendencia, de “más de lo mismo” si se permite la figura, hubiera corrido con la misma suerte.
Quizás podamos comprobarlo ahora que, como lo contempla nuestro ordenamiento, el alcalde encargado y quienes lo sucedan deben continuar con la aplicación del plan de la Bogotá Humana. El mejor mensaje de una paz verdadera, más allá de la firma de un papel, sería que realmente se aplicara. Gústenos o no ese proyecto, ojalá fuere así para poder salir de esa duda que la decisión de esta semana dejó posada sobre nuestra democracia.