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Colombia necesita cuanto antes una nueva forma de enfrentar el problema de las drogas. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que aumentó la cantidad legal de marihuana que alguien puede portar, y el informe que denunció que la superficie dedicada al cultivo de coca en Colombia creció, ponen en evidencia las dos grandes deudas que tiene el país: la protección de los derechos individuales de los consumidores recreacionales y desechar una política de persecución de cultivos ilícitos que ha servido poco.
La sentencia de la CSJ es interesante porque plantea la importancia de entender el consumo de drogas como un asunto de salud pública (algo que vienen diciendo desde hace años los expertos en el tema) y no de criminalidad. La Corte absolvió a un soldado que llevaba 50,2 gramos de marihuana luego de que un sicólogo confirmara que el militar es un consumidor. En sus consideraciones, el alto tribunal planteó que 20 gramos de marihuana —la dosis permitida por una sentencia de la Corte Constitucional— son insuficientes para algunos adictos, y por eso debe cambiarse la jurisprudencia para que los adictos no sean procesados por las autoridades. En otras palabras: el porte de drogas para el consumo no será delito, así supere la dosis mínima. Bien. Pero, como es habitual cuando dejamos que sean las cortes las que den los debates que paralizan al Congreso, esta decisión se queda corta.
Aunque el procurador, Alejandro Ordóñez, salió a decir que la sentencia de la CSJ aumentará el consumo, la experiencia de Colombia y del mundo es que la prohibición no desincentiva a los usuarios, sólo los condena a la oscuridad de la ilegalidad. Lo dijo mejor el ministro de Justicia, Yesid Reyes: “Las cifras mundiales de consumidores son alarmantes y rondan ya 250 millones; cinco de cada seis de ellos no tienen acceso a tratamiento para su adicción y diariamente cerca de 500 mueren por situaciones que, estando relacionadas con el consumo de drogas, serían fácilmente prevenibles, como la mala calidad o la contaminación de las sustancias, la falta de higiene en los métodos de utilización o los problemas de sobredosis”.
El problema no sólo afecta desde la perspectiva individual. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la superficie dedicada al cultivo de coca en Colombia creció hasta las 69.000 hectáreas, 44% más respecto a 2013. Los apresurados dirán que esto se debe a la suspensión de las fumigaciones con glifosato, pero eso, más allá de ser ajeno a los injustos riesgos de salud que sufren los campesinos colombianos por esa práctica, es seguir en la misma lógica de intentar con la fuerza lo que la política no ha logrado. Eso sin siquiera mencionar que el incremento viene desde 2013 y el uso del glifosato se prohibió apenas a finales del año pasado. Lo dijimos cuando se aprobó la marihuana medicinal: este tema debería ser una prioridad en el Congreso. Abundan las propuestas alternativas y novedosas, pero ninguna es siquiera considerada.
Volviendo al caso particular de la marihuana, es momento de reconocer que el mundo ha cambiado. Su legalización y comercialización en varias partes de Estados Unidos, por ejemplo, está cambiando la balanza entre los países productores y consumidores, y está dejando a Colombia, con su política desactualizada, sin oportunidades financieras. La esperanza de los países productores está puesta en una próxima asamblea en Naciones Unidas sobre el tema, donde, ojalá, por fin pasemos de repetir, una y otra vez, que hay que cambiar la forma de enfrentar este tema, y se adopten propuestas concretas que cambien el paradigma.
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