A pesar de sus ventajas en ambos casos, quedan escollos por superar a corto y mediano plazos.
El primer caso es emblemático en materia de tolerancia y respeto por las preferencias sexuales. El tema se había convertido en un dolor de cabeza, no sólo para las parejas del mismo sexo, sino para las propias autoridades estatales y federales. ¿El motivo? Mientras la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), de 1996, determinaba que la unión de pareja se limitaba a un hombre y una mujer, más de una docena de estados permitieron el matrimonio homosexual en sus territorios. Al declarar inconstitucional la DOMA, la Corte corrige una situación absurda y le confiere a todas las parejas los mismos derechos. Ahora, habrá que compaginar la ley federal con las leyes estatales, en la que dicho tipo de matrimonio no está permitido.
Este mensaje de civilidad de la Corte Suprema del país del Norte debería ser tenido en cuenta en países como el nuestro. Hemos reiterado en estas páginas que más allá de las consideraciones religiosas es hora de legislar en favor de la unión y derechos de todo tipo de parejas. La Corte Constitucional ha honrado su función con fallos relevantes que no han tenido contraprestación en el Congreso. Hoy en día, hasta le toca a los notarios hacer malabares para poder dar cumplimiento a un mandato que emana, entre otros, de la mera defensa de los derechos humanos.
Regresando a Estados Unidos, millones de inmigrantes indocumentados, la inmensa mayoría de latinoamericanos, quedan a un paso de legalizar su situación. El largo camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil, pues había chocado con la férrea barrera de la derecha republicana en los últimos treinta años. Ahora, las cosas son a otro precio. El voto latino fue decisivo para el triunfo de Barack Obama y sus contradictores conservadores, en el Senado, entendieron muy bien que o cambiaban sus posturas radicales o se les ponía el café a cuarenta. De ahí, la mayoritaria votación bipartidista que aprobó la Reforma Migratoria.
Sin embargo, queda la votación en la Cámara, dominada por los republicanos. A pesar de la lección de realismo político de sus copartidarios en la Cámara Alta, los diputados de la derecha no quieren dar su brazo a torcer. Algunos han anunciado una fuerte campaña para hundir la reforma. Y eso que la misma no legaliza la situación de un día para otro. Por el contrario, exige cumplir con una serie de requisitos a todos los inmigrantes ilegales. En primer lugar, hay que pagar una multa, y ponerse al día con los impuestos atrasados, partiendo de la base de que deben haber llegado al país antes de diciembre de 2011. Y en segundo lugar, se requiere que manejen el inglés y que no tengan problema con la justicia. Pero aquí no para todo. Como otra concesión a los republicanos se dobla el número de miembros de la Fuerza Pública en la frontera con México y se aumenta sustancialmente el presupuesto para impedir el ingreso de nuevos inmigrantes ilegales.
Así las cosas, los próximos seis meses serán cruciales para saber si se cristaliza esta propuesta, en la cual Obama ha apostado duro. Cumpliría así una promesa de campaña que viene desde su primera elección. Sus oponentes tienen que entender que si no atienden este justo requerimiento ponen en entredicho sus propias curules en el Congreso y, por supuesto, la posibilidad de reconquistar la Casa Blanca. Es de esperar que ambas partes obren acordes con el momento histórico y den este pequeño paso para los congresistas, pero un gigantesco paso para millones de seres humanos que esperan ver regularizada su situación migratoria.