El abuso con las madres comunitarias

El problema no es de los magistrados sino de los funcionarios y del Estado mismo, que crean programas violatorios de las regulaciones laborales.

En la gráfica, una reciente protesta de madres comunitarias que reclamaban el reconocimiento del derecho a la pensión y al pago retroactivo de los salarios que por justicia debieron haber recibido durante todos los años de servicio. Ahora la Corte Constitucional les ha dado la razón.Archivo El Espectador/Cristian Garavito

La decisión de la Corte Constitucional que ordena pagar de manera retroactiva la pensión, los salarios y las prestaciones a 106 madres comunitarias demuestra el problema que surge cuando las políticas públicas se elaboran sin atender las realidades sociales de las personas a las que afectan. Más allá del argumento económico —sí, es una decisión que pone en aprietos fiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)— lo que queda en evidencia es que el Estado aprovechó de manera indebida un trabajo que se nombraba como voluntario pero que cumplía todos los requisitos para recibir las protecciones laborales de la ley.

Oficialmente, las madres comunitarias iniciaron su labor hace 30 años, gracias a un documento Conpes que creó los hogares comunitarios como una forma de amparar a la población infantil más vulnerable en zonas urbanas y rurales. Luego, a través de la Ley 089 de 1989, se constituyeron como un programa fundamental del Estado. Sin embargo, sólo en 2014 se obligó a que se vincularan mediante contratos remunerados, pues hasta entonces se veía esa labor como voluntaria, pese a que las mujeres dedicaban su vida entera al cuidado de los menores.

En una serie de tutelas presentadas por 106 madres comunitarias se pedía el reconocimiento del derecho a la pensión y al pago retroactivo de los salarios que por justicia debieron haber recibido durante todos los años de servicio. La Corte Constitucional, amparando los derechos a la igualdad, la seguridad social, la dignidad humana, el mínimo vital y el trabajo de estas mujeres, encontró que, aunque el ICBF dice que no había una relación laboral, en la práctica existía un “contrato realidad”, lo que significa que las madres comunitarias cumplían con todas las exigencias de una relación de trabajo, pero no recibían ningún tipo de remuneración ni protección a cambio.

En la decisión del tribunal constitucional se establece que el ICBF les debe entregar las mesadas y reconocer una pensión a las tutelantes. Aunque la cifra no es clara, se estima que son cerca de $6 billones, monto superior a los $5,4 billones de presupuesto anual para el funcionamiento de todo el ICBF. Esto, además, a la espera de si las otras 120.000 madres comunitarias que hay en el país deciden iniciar procesos similares, lo que puede aumentar la cifra total de reparación a los $20 billones.

El ICBF, que presentará acción de nulidad, y los críticos de la Corte argumentan lo obvio: que esa cifra es impagable y genera un hueco fiscal para el Estado. La posición no es nueva y se repite cada vez que el tribunal constitucional produce consecuencias en los presupuestos. Sin embargo, el problema no es de los magistrados, quienes son llamados por la Constitución a defender los derechos de los colombianos, sino de los funcionarios y del Estado mismo que crean programas violatorios de las regulaciones laborales sin tener en cuenta sus consecuencias.

¿Que la cifra adeudada sea tan alta borra el hecho de que, en efecto, durante todo este tiempo las madres comunitarias debieron haber recibido justa remuneración por su trabajo? ¿Que el Estado no pueda pagarlo de manera inmediata es suficiente razón para que no se reconozca el daño y, además, se siente un precedente necesario para las futuras políticas públicas? Por supuesto que no.

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