El primero amenaza con paralizar las obras dados los elevados sobrecostos que atribuyen a errores de la ACP mientras la Autoridad dice que no hay motivo para la reclamación, y que todo debe manejarse dentro del contrato suscrito. Es un choque de buques del más alto calado.
A pesar de ciertos avances hacia una solución concertada, tras la mediación de la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, la posibilidad de la suspensión de los trabajos en la megaobra es una posibilidad latente. Al menos la actuación de la funcionaria gubernamental logró quitarle algo de presión a la bomba de tiempo activada por el Grupo Unidos por el Canal, GPU, que tiene como socios mayoritarios a la firma española Sacyr, con un 48%, la italiana Impregilo, y como socios minoritarios a Jan de Nul, de Bélgica, y la Constructora Urbana de Panamá. Cada parte ha hecho en estos días una medición de fuerzas con las declaraciones públicas y dardos mutuos lanzados.
El GUPC fue el Consorcio ganador en 2009 de la licitación para ampliar en Canal. El gigantesco proyecto es el de construir nuevas esclusas que permitan el paso de barcos de mucho mayor calado que aquellos que circulan en la actualidad por el istmo. El valor propuesto por el Grupo para las esclusas fue de US 3.118 millones con la esperanza de finalizar los trabajos para octubre del presente año. Sin embargo, y según las filtraciones de Wikileaks, el Consorcio que terminó segundo, con una oferta de US 4.200 millones, habría expresado al gobierno de Estados Unidos que la cifra de los ganadores no permitiría ni “poner el hormigón”. Dando a entender que a sabiendas se habrían amarrado a una cifra menor con la esperanza de que en el camino se ajustarían las cargas. Más adelante podrían compensar el diferencial, unos US 1.600 millones, alegando sobrecostos. ¿Qué tanto habrá de fundamento en el comentario filtrado?
Lo cierto es que según la ACP la expansión general de la ruta acuática ya va por el 72% y la de las nuevas esclusas está por el 65%. Las obras estarían listas, con las demoras, en junio del 2015. Justo en este momento crítico es que aparece la presión, que algunos analistas califican de chantaje, del Consorcio encabezado por Sacyr. El Administrador de la Autoridad, Jorge Quijano, alega que están dispuestos a dialogar pero sobre la base de las cláusulas pactadas y los procedimientos previstos. Atenderán cualquier reclamo de sobrecostos y si se demuestran los mismos, harán los respectivos desembolsos para compensar al GUPC. Lo que no van a aceptar, como punto de honor, es en hacer pagos sin agotar las instancias acordadas y ante la presión de la amenaza de suspensión de las obras.
Todo apunta a que las partes deben dirimir sus diferencias mediante el diálogo que tras la visita de la Ministra Pastor debe acercar posiciones, o en su defecto acudir a las instancias previstas de arbitraje. Aunque no parece prudente adelantar juicios sobre quién tiene la razón, de momento no le hace bien al Consorcio este tipo de situaciones. Sacyr, según informa el periódico El País de España, “vendió la piel del oso antes de cazarlo”. Ante un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el GUPC habría apuntado en su contabilidad “como ingresos los sobrecostes incurridos en la ejecución de las obras” sin que las mismas hubieren sido aceptadas por la Autoridad.
No sobra recordar, por supuesto, que la empresa española Sacyr tiene grandes negocios aquí en Colombia: carreteras y concesiones, alquiler de oficinas y centros comerciales, participación en empresas, entre otras.
De momento no queda más que esperar a que los diálogos lleven a los dos buques a buen puerto y con la seguridad de que es mejor que se dejen de lado las excusas y se terminen por fin las esclusas.