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El Gobierno de Enrique Peña Nieto logró un gran éxito con la recaptura de Joaquín Chapo Guzmán luego de su cinematográfico escape en julio del año pasado de la cárcel federal del Altiplano. La noticia le da un nuevo aire a un mandatario que venía de capa caída por la situación económica y social de México. Ahora le corresponde decidir si el capo de la droga en Sinaloa será extraditado a Estados Unidos ante el peligro de que protagonice su tercera fuga de una prisión de máxima seguridad.
La peligrosidad de este criminal radica no sólo en su infinita capacidad para evadir a las autoridades de su propio país o ponerlas en el ridículo con cada uno de sus espectaculares escapes. La gravedad, como lo señalara el diario El País, está en el gigantesco emporio criminal que logró crear. Los datos son espeluznantes: “Opera en 17 estados mexicanos y domina al menos cinco de ellos (…) controla el mercado estadounidense; envía cargamentos a Canadá, Australia, Europa, África y Asia; tiene capacidad de mover dos toneladas de cocaína y 10.000 toneladas de marihuana por mes; también produce, transporta y distribuye metanfetaminas y heroína a través de una red de producción en México y de distribución en todo el mundo. El resultado: un negocio valorado en US$3.000 millones”.
Lo paradójico de su historia es que el Chapo terminó siendo víctima de su propia vanidad. Se escondió en el lugar que mejor conoce, su estado natal de Sinaloa, y allí decidió que quería hacer una película sobre su vida para borrar la imagen de capo peligroso y sangriento. Su deseo, de tiempo atrás, era escribir un libro en el que se contara su “verdad”. Al ver la forma como la mayoría de la gente del común se apropió de su imagen, con máscaras y disfraces que lo representaban, sintió que era el momento de darle camino al mito y pasar al celuloide. Concedió una entrevista al actor Sean Penn en su escondite y quería ser el autor y director del filme que lo inmortalizara. Las autoridades unieron datos y su captura fue un trabajo de filigrana que dio resultado positivo el viernes anterior.
De momento, las autoridades mexicanas están evaluando con detenimiento cuál será el camino a seguir a corto y mediano plazo. En principio todo parece indicar que los procesos judiciales que existen contra Guzmán le permitirían al Gobierno que los jueces lo mantengan un tiempo allí y con las medidas extremas activadas. Sin embargo, el equipo jurídico del capo va a intentar todas las argucias posibles para frenar una eventual extradición mediante la presentación de solicitudes de medidas de amparo, o tutelas. Ya les funcionó en el pasado. Mientras tanto, Estados Unidos presentó dos solicitudes de extradición en 2015 y, en caso de que Peña Nieto tome la decisión de enviarlo al país vecino, el proceso podría tardar un año o año y medio. Aunque todo depende del pie en el acelerador que le ponga el Ejecutivo.
La decisión de extraditarlo o no tiene tanto de ancho como de largo. Si lo hace, el Gobierno se quita un peso de encima frente a los problemas de corrupción interna que permiten que se den fugas como las dos anteriores de Guzmán. Además da una señal de cooperación con Estados Unidos frente al flagelo del narcotráfico. Sin embargo, y como señalan algunos analistas, también daría una señal de extrema debilidad para un país que se ha preciado de defender su soberanía a lo largo de su historia, comenzando por el juzgamiento y pago de condenas de los criminales en su propio territorio.
En las próximas semanas se sabrá cuál será la decisión de Peña Nieto. Mientras tanto, y como lo dijera con humor agudo el periodista y escritor argentino Diego Fonseca, en caso de aprobarse la extradición se estaría demostrando que Donald Trump tiene la razón: México envía a Estados Unidos lo peorcito de su gente.
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