Cuando Chávez anunció que partía a La Habana a una nueva cirugía y que dejaba todo en manos del vicepresidente Maduro, se abrió un período de incertidumbre, no sólo por su real estado de salud, sino por la encrucijada jurídica que se presentaba frente a cada uno de los múltiples escenarios futuros. Los mismos iban desde su eventual fallecimiento antes del 10 de enero hasta la dificultad, temporal o definitiva, de asumir el poder para el nuevo período. Como telón de fondo quedó la pelea interna de poder entre Maduro y Cabello, las dos cabezas visibles del chavismo.
El ungido, Maduro es el alumno aplicado del comandante; comprometido con el discurso del Socialismo del Siglo XXI y favorito de La Habana. Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional, representa el ala militar y nacionalista del proceso. Tiene sus fichas estratégicamente ubicadas, fuera de las Fuerzas Armadas, en ministerios, gobernaciones y dentro de la llamada “boliburguesía”. No cree en la ideología y no es santo de devoción de La Habana. Así las cosas, aunque el poder real lo tiene este último, el poder político lo delegó Chávez en Nicolás Maduro.
Según los analistas, al vicepresidente le convenía la continuidad actual que lo convertiría en candidato oficialista si falleciera el presidente. Cabello, por su parte, le apostó inicialmente a la postergación de la posesión para asumir él la Presidencia. Pero en los últimos días todo parece indicar que ha podido más el temor a la división interna dentro del PSUV, que les permitiría a los opositores ir fortalecidos a unas eventuales elecciones. Luego de una reunión en La Habana la semana pasada, el chavismo se ha mostrado unido para enarbolar una criticada interpretación de la ley: la juramentación de Chávez hoy es un mero formalismo pues se trata de un presidente reelecto, quien podrá hacerlo más tarde. Es decir, que todo se mantiene intacto.
La oposición considera que el texto constitucional es claro en que si el presidente no se juramenta, le corresponde asumir al presidente de la Asamblea Nacional. Al respecto han anunciado acciones ante organismos internacionales para exigir el respeto del Estado de derecho si no se cumple esta premisa. Sin embargo, quien dirime la controversia de interpretación de la norma es el Tribunal Supremo de Justicia, el cual es dominado por el chavismo. Su presidenta, Luisa Estella Morales, afirmó ayer que el presidente está en uso de una licencia otorgada por la Asamblea Nacional y, en resumidas cuentas, todo cambió para seguir igual.
Así las cosas, el sector oficialista tiene la sartén por el mango. Logra que se mantenga el statu quo en materia de manejo político del poder; su interpretación jurídica es avalada por el máximo tribunal de justicia; el partido se presenta unido, a pesar de las divisiones internas que terminarán por aflorar más adelante; convocó para hoy un gran acto de masas que busca refrendar la nueva realidad de un chavismo sin Chávez y contará con la presencia de algunos presidentes latinoamericanos que le darán legitimidad internacional.
El reto para el chavismo fuera de la unidad es mantener un proceso político que se ha sustentado en la figura del caudillo. Y para la oposición, seguir su lucha dentro de los canales democráticos que le permitan en un futuro volver al poder pero, definitivamente, no al mismo país que existía antes del comandante.