Revisó sus temas de campaña, reafirmó lo que ha dicho en el pasado y, de una forma elocuente, anunció que prohibiría el porte de armas en la ciudad. “No se permitirá que las porten en discotecas, buses y bares, para que se maten unos con otros. Queremos que Bogotá sea un espacio libre de armas”, dijo el mandatario.
Lo que no explicó Petro, pero sí su secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolff, es que el alcalde no tiene facultades para tomar por sí mismo la decisión. La ley lo indica a través del decreto 2535 de 1993, que regula el porte y la tenencia de armas. Dice allí que a los militares se les asigna la última palabra en el asunto. Así, pues, el proceso correcto es solicitar a las autoridades militares que establezcan la suspensión.
La movida de Petro, sin embargo, fue otra: decirlo abiertamente desde el inicio de su gestión. Un tanto arriesgado, pero a la larga útil, pues posicionó el debate y lo condujo del nivel Distrital (de un anuncio desde Bogotá) al nivel nacional. Puso a hablar a todo el mundo sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto. Tanto es así, que el Gobierno, a través del consejero presidencial para la Seguridad Ciudadana, Francisco Lloreda, y el Ministerio de Defensa, anunció una propuesta que busca regular el porte de armas. Un tanto distinta, sí, porque están hablando de ciertas restricciones para la ciudadanía, de que se convierta en un tema “excepcional” y no prohibido.
El anuncio de Petro puede sonar efectista, es cierto; el problema más grande de los asesinatos con armas de fuego se relaciona (como lo dijimos en este diario) con el porte y el tráfico ilegal de las mismas. El 65% de los homicidios que se cometen en la capital son hechos con armas de fuego, en su mayoría ilegales. Por eso los expertos coinciden en que la medida del nuevo alcalde debe ir acompañada de una política que ataque de forma directa la producción, tráfico y porte de armas ilegales. Ése es, pues, el mayor problema a la hora de enfrentar esta realidad. Creemos, sin embargo, que la medida que pretende tomar el mandatario es acertada. Su discurso es cierto: serviría para que no se maten unos a otros. Varios alcaldes han intentado la misma medida. Mockus, por ejemplo, a través de una batalla de argumentos con algunos miembros del Ejército, restringió el porte de armas los fines de semana en 1994 y logró disminuir el número de homicidios de una forma considerable. No es carreta. Las armas a disposición de un ciudadano están, en últimas, para usarse y causar daño.
Los argumentos en contra de la medida no se hicieron esperar: el tema de proveerse la propia seguridad cuando existe un mercado ilegal donde los criminales pueden acceder a las armas es bastante contundente. Sin embargo, podría flaquear en la medida en que las autoridades tomen las riendas (también con fuerza) sobre los mercados y las mafias que distribuyen a granel estos peligrosos instrumentos.
El debate está abierto. Y sería muy oportuno que, a nivel nacional, se discutiera. Que involucrara al Congreso, a los organismos de control, a las cortes, etcétera. Una sociedad más pacífica puede estar a la vista. Una en que los particulares no carguen una potestad que está más en cabeza del Estado que de cualquier persona.
Estamos a la espera, pues, de que ese discurso de Petro prolifere en instancias de más envergadura que las distritales. Ojalá que el optimismo sirva.