Al igual que con Leopoldo López unos meses atrás, Machado enfrenta cargos por participar en un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Todo parece indicar que de nuevo la maquinaria chavista sacará del camino a una de sus más férreas antagonistas. Por ahora.
Según la Fiscalía del país vecino, en la cuenta de correo electrónico de la exdiputada aparecen unos mensajes que la comprometen directamente con la preparación de un magnicidio. Ella lo ha negado completamente. También están imputados Pedro Mario Burelli y otras personas que tienen en común sus denuncias internacionales contra el gobierno. De hecho, Burelli demostró en su momento, con documentos de Google en la mano, la falsedad de los mensajes que se presentaron como pruebas contundentes. El origen de este embrollo parece estar, según lo atestiguan diversos sectores en Venezuela, entre ellos la Iglesia católica, en un pase de cuenta de cobro. ¿A quién? A todos aquellos que de una u otra manera se hayan enfrentado al chavismo. Los hechos así lo comprueban. Entre la lista de personas en el exilio, forzados por la persecución judicial, se encuentran dos contendores presidenciales de Hugo Chávez: Henrique Salas Romer y Manuel Rosales. Más adelante la cárcel le tocó a Henrique Capriles Radonsky, quien terminó siendo candidato presidencial y hoy es gobernador.
En fecha más reciente está el caso de Leopoldo López, el popular exalcalde de Chacao, quien había sido inhabilitado para participar en política, sacándolo así de la competencia por el poder. López participó activamente en febrero de este año en una manifestación que terminó con varios muertos, detenidos y torturados. En adelante, durante varios meses, las protestas callejeras se multiplicaron sumando más víctimas, en un buen porcentaje estudiantes. María Corina había sido una de las promotoras, junto a López, de apoyar el descontento de la oposición e incentivar acciones en la calle. Los motivos sobraban: inseguridad, desabastecimiento, inflación desbordada, corrupción y un largo etcétera. López fue acusado de ser el instigador de las protestas y terminó tras las rejas sin que se le haya resuelto su situación jurídica. Vale la pena mencionar que Naciones Unidas, amén de diversas instituciones internacionales y personalidades de diversos países, han instado al gobierno venezolano para su pronta liberación.
De ahí el turno fue para María Corina Machado. En primer lugar fue acusada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por haberse incorporado a la delegación de Panamá y así hablar en la OEA. Cabello la despojó de su investidura como diputada. Más adelante le prohibió salir del país, dado que era la cara visible de la oposición a nivel internacional. Luego, desde el gobierno se le imputó el plan para asesinar a Maduro. Hace un par de días la Fiscalía la escuchó y, aunque la dejó libre, es muy probable que termine tras las rejas. Aunque allí se hable de separación de poderes, como se mencionó en estos días, el guión es conocido. Desde el Ejecutivo se lanza un fuerte señalamiento contra el líder opositor. La Fiscalía le pone el ropaje jurídico y acusa. Un juez condena y luego el Tribunal Supremo de Justicia valida lo actuado. Vea pues.
El momento para enjuiciar a Machado es propicio. La oposición está dividida entre el sector que prefiere el diálogo y no dar argumentos al gobierno para reprimir, encabezado por Capriles Radonsky, y el sector que lideran López y Machado, jugado por la protesta callejera. De esta manera la única opción que les queda a estos últimos es la de continuar gestiones ante la CIDH y Naciones Unidas para que se pronuncien y presionen no sólo para garantizar el debido proceso, sino el cese de la persecución política de los opositores por parte del gobierno.