En ese contexto, es motivo de celebración que por fin el país esté ad portas de tener un Estatuto de la Oposición. Aprobado vía fast-track como desarrollo de uno de los compromisos en La Habana entre el Gobierno y las Farc, actualmente se encuentra esperando conciliación un proyecto que formaliza el ejercicio de la oposición en Colombia, les otorga beneficios no menores a quienes deseen hacer contrapeso político al Gobierno, y promete introducir nuevas e interesantes dinámicas en el debate público nacional.
La primera gran medida del Estatuto de Oposición es que obliga a la formalización de quienes deseen oponerse. Un mes después de las elecciones, todos los partidos deberán manifestar si se alinean con el Gobierno, se declaran independientes o si oficialmente serán parte de la oposición. La clave está en que esta última opción ofrece varios beneficios.
Por ejemplo, los partidos de oposición tendrán 30 minutos mensuales de tiempo al aire en horario prime time de televisión y radio para exponer sus ideas.
Además, en uno de los puntos más interesantes, la oposición tendrá derecho a tres réplicas anuales cuando el presidente haga una alocución, en el mismo espacio y con la misma duración. Ojalá los partidos pequeños, acostumbrados a rogar por los reflectores, aprovechen adecuadamente esa oportunidad de tener la atención nacional. Las confrontaciones, además, pueden ser una herramienta muy útil para nutrir las discusiones de Colombia.
Otro beneficio es que el candidato que sea derrotado para la Presidencia, Gobernación o Alcaldía, así como su vicepresidente, tendrán curules automáticas en el Parlamento nacional o regional. Por ejemplo, en las elecciones del 2010, Antanas Mockus hubiese sido senador y Sergio Fajardo representante a la Cámara. Lo mismo a nivel local (donde no opera la figura del “vice”).
La oposición también tendrá un representante en la Comisión Asesora de Política Exterior, voz necesaria en asuntos que deberían tener el apoyo de todos los sectores políticos, y recibirá un 5 % adicional de financiación estatal anualmente para garantizar que pueda sostener su movimiento político.
Otro beneficio es que podrá definir el orden del día en el Congreso en cinco ocasiones durante cada legislatura, lo que por lo menos garantizará que se discutan temas que no estén en la agenda del Gobierno. Si un miembro de la oposición desea entrar a la burocracia, como ocurrió con la hoy ministra de Trabajo, Clara López, podrá hacerlo, pero su partido debe renunciar a todos estos beneficios.
Es una lástima que el Centro Democrático se haya abstenido de participar en la elaboración del Estatuto, argumentando que no debió ser un resultado del proceso de paz. Este es uno de esos casos donde es especialmente evidente cómo la coyuntura de la paz se puede utilizar para empezar a solucionar deudas históricas. No en vano desde la Constitución de 1991 el país había prometido, sin cumplir, que existiría una regulación especial para quienes hicieran oposición.
El resultado es una serie de beneficios que cambian varias dinámicas del poder político en el país y que prometen, por lo menos, dar más herramientas para ejercer el siempre necesario derecho a oponerse.
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