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hace 3 horas

El derecho a morir dignamente

El 20 de mayo de 1997 la Corte Constitucional profirió una sentencia altamente controvertida que respondía a una demanda de constitucionalidad sobre la viabilidad de eliminar del ordenamiento jurídico el delito por homicidio pietístico o por piedad.

Este tipo penal castiga a la persona que mate a otra para poner fin a intensos sufrimientos o dolores derivados de alguna lesión o enfermedad terminal. Si bien es cierto que la norma plantea una sanción atenuada, la Corte, valiéndose de un riguroso análisis, condicionó la aplicación de esa sanción para exceptuarla en unos casos determinados.

El debate de hace 14 años cobra relevancia esta semana por el caso que los medios publicamos de la muerte de Consuelo Devis Saavedra, hija del profesor Hernando Devis Echandía (prominente jurista del Derecho Procesal Civil y Probatorio colombiano), esposa de Jaime Arrubla (magistrado de la Corte Suprema de Justicia y académico destacado en los últimos años) y quien, como si se tratara de una paradoja de mal gusto, estuvo en coma los mismos 14 años de la vigencia del fallo.

Consuelo Devis tuvo un accidente de tránsito que la dejó en cuidados intensivos durante casi tres semanas con un diagnóstico optimista: podía mover la mitad del cuerpo y acariciar a sus hijos, tal y como lo reveló el magistrado. Sin embargo, algún tiempo después, contrajo meningitis y todas las esperanzas murieron a su paso; el doctor dijo que no se recuperaría. De ahí en adelante fue un calvario, como las duras palabras de Arrubla lo atestiguan: los días de la madre, los cumpleaños, las vacaciones, los sueños intranquilos, las noticias del mundo comunicadas con una total incertidumbre, entre muchas otras, eran el drama de cada día.

Drama que refleja el vacío legal que existe en la materia. Es cierto que la Corte en su sentencia C-239/97 dio muchas luces sobre el tema. Dijo, entre otras cosas, que la vida digna (entendiéndose el valor de la dignidad como el más importante de nuestro ordenamiento) comprende, pues, el derecho a morir dignamente. A propósito de terminar la vida de alguien teniendo como razón sus intensos sufrimientos por cuenta de una lesión o enfermedad terminal, la Corte contrasta de la siguiente forma el derecho inviolable (mas no absoluto, ni sagrado) a la vida con el de la dignidad: “no se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, como ya se ha señalado, de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho biológico”. Es decir, desde una perspectiva constitucional, el respeto por el derecho tiene ciertos límites que el Estado no puede traspasar por medio de las sanciones.

Pese a la posición vanguardista de la Corte y a que en el segundo punto de su parte resolutiva exhorta al Congreso para que regule el tema, hoy día tenemos un vacío legal muy grande. Algo se está hablando de un proyecto sobre enfermos terminales que prohíbe el “ensañamiento terapéutico” (la forma en la que se preserva la vida a toda costa, pese a las circunstancias adversas), que es como Arrubla calificó buena parte del accionar de los médicos tratantes de su esposa, pero faltan regulaciones para las personas en estado de coma y otras más especiales.

Una regulación del tema está pendiente. Hay que dejar a un lado las consideraciones religiosas que ven la vida como un bien ajeno al individuo y entrar en un sendero mucho más pluralista que permita que se hagan excepciones más específicas al homicidio por piedad. De esta forma, y no de ninguna otra, podría ponerse fin a dramas que, como el de Consuelo Devis, se repiten a diario en el país.

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