El desastre de Doña Juana

Todas las peleas políticas y jurídicas por el relleno sanitario Doña Juana ocultan los daños a la ciudadanía por tantos incumplimientos. / Fotografía de referencia: Cristian Garavito (El Espectador)

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

La semana pasada fue de puras malas noticias provenientes del relleno sanitario Doña Juana. La Personería Distrital dio a conocer un preocupante informe sobre las afectaciones a la salud que causa la contaminación por el mal manejo de los residuos; la Contraloría Distrital asumió una investigación sobre los incumplimientos que se han presentado en la ejecución de recursos para tener un mejor procesamiento de las basuras, y la alcaldesa distrital, Claudia López, anunció una denuncia penal contra el consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S. A. (CGR), que desde hace 12 años firmó un contrato para implementar una planta de tratamiento de lixiviados. Adicionalmente, un Tribunal de Arbitramento estudia un presunto incumplimiento del Distrito que puede terminar en cientos de miles de millones de recursos públicos que tendrían que ser destinados en caso de una decisión contra la Alcaldía. Por donde se le mire, un desastre.

La noticia más llamativa fue la denuncia penal del Distrito contra CGR. El consorcio, dijo la alcaldesa López, “no ha cumplido con la construcción de la planta ni con los estándares de tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana durante cuatro años. Ningún otro operador, que yo conozca, les está haciendo semejante estafa a los bogotanos por no recibir un tratamiento de lixiviados pese a que lo seguimos pagando”. Es decir que, según la versión del Distrito, el CGR se ha embolsillado $163.000 millones con un 42 % de incumplimiento en sus obligaciones adquiridas. López dijo que las medidas de intervención al relleno las discutió con el presidente electo, Gustavo Petro, “quien conoce muy bien la situación y me manifestó que apoyará a la Alcaldía en esta batalla jurídica para garantizar que no haya corrupción ni abuso”.

Por su parte, el CGR niega el incumplimiento y, de hecho, acusa al Distrito de no haber destinado los recursos adecuados que necesita el relleno sanitario. En un comunicado, el consorcio escribió: “Se reitera la invitación a la administración distrital para revisar conjuntamente los avances relacionados con el tratamiento de lixiviados hasta la fecha, en los que se evidencia el cumplimiento del objeto contractual”. Es decir, la pelea pública va para largo, mientras Bogotá sigue en una crisis por no saber cómo mejorar la disposición de sus basuras.

El problema es que a la par de la pelea entre la Alcaldía y el consorcio hay consecuencias nefastas que terminan pagando los ciudadanos. Julián Bonilla, personero distrital, fue claro: “En el manejo de lixiviados en el relleno de Doña Juana hemos identificado diferentes problemáticas. No se evidencia articulación institucional de parte de las entidades responsables de su operación de manera eficiente. También encontramos contaminación ambiental con consecuencias irreversibles para el recurso hídrico, flora, fauna para el río Tunjuelo, así como la ciudadanía del distrito capital”. Todo esto causa “un deterioro de la salud pública para los habitantes de los alrededores, por las condiciones de la calidad del aire, los olores ofensivos, la proliferación de vectores y el evidente deterioro del recurso hídrico, con una total vulneración al derecho a un ambiente sano”. Lo dicho: gravísimo.

Para completar, se cayó el proyecto de tener una planta de termovalorización en Doña Juana, que buscaba generar energía eléctrica para la ciudad. Los motivos son el dólar y la crisis económica mundial, pero se trata de un golpe más a las promesas ambientales del Distrito. Ahí está la esencia del problema: Bogotá necesita reformas ambiciosas para adaptarse a la emergencia climática, pero la capital vive estancada en peleas jurídicas que no llegan a ninguna parte.

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