El principal acontecimiento que conmemora esta fecha es que hace 64 años murió asesinado Jorge Eliécer Gaitán, uno de esos íconos liberales que encarnaban algún tipo de progreso para el país, así como un discurso avanzado de lucha de clases, de desigualdad social, y una esperanza de cambio a largo plazo para el pueblo colombiano.
Su asesinato, uno de los más duros del siglo XX, cometido por fuerzas y móviles que aún se desconocen, fue para la sociedad capitalina de entonces una especie de reflejo de la época de la Violencia que vivía el resto de Colombia en sus espacios rurales. Las imágenes, muy probablemente, se revivirán hoy en la mente de muchos: el tranvía en llamas, los saqueos, los incendios, el cadáver descompuesto y vuelto un despojo de Juan Roa Sierra, el presunto perpetrador, asesinado acaso muy prematuramente por cuenta del ajusticiamiento veloz de las masas que lo arrastraron por las calles.
Este fue un evento que muchos analistas tienden a identificar y etiquetar como el origen de un segundo período de violencia en espiral del que Colombia aún no logra salir. Es por eso un deber recordarlo en la memoria y tenerlo presente, siempre que se pueda, como objeto de un análisis mayor.
El legislador ha optado porque este día, asimismo, sea el de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. No sólo de aquellas que quedaron sin reparación alguna desde la época de la Violencia, sino también de las que abundan hoy en día por ese círculo que al parecer no sabemos cómo romper de una manera adecuada y permanente. Pese a la significación histórica del día, es una oportunidad para solidarizar a la sociedad colombiana con aquellas personas que han sufrido los percances del conflicto.
Es una oportunidad, también, para definir discursos y realidades en torno a las víctimas. A reconocerlas como tal y no entrar en un negacionismo perjudicial y a veces inconsciente. El músculo legal más claro en estos momentos es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que por sus efectos pragmáticos inmediatos (y pese a las críticas que hemos hecho o los obstáculos de implementación que hemos mencionado en este espacio) es un instrumento jurídico al que hay que darle impulso y hacerle seguimiento.
Puede que se presenten conflictos en torno al significado de la fecha (que la gente, cada vez menos, tiende a ver bajo la lupa partidista), pero ese es un asunto que, como decía ayer Gonzalo Sánchez en estas páginas, es uno de los rasgos propios de la memoria. Y ese es un asunto que debe respetarse a toda costa. El mejor de los escenarios, sin embargo, es conmemorar ambas fechas dentro de una convivencia pacífica de ideas: como una experiencia en la que, al mismo tiempo que se honra la memoria de un día importante para el país y sus víctimas centenarias, sirva también para poner en el foco de la escena a los perjudicados de hoy. A su lucha. Con el fin nada despreciable de que sea hoy, y no dentro de 64 años, que sus derechos se reivindiquen, sus situaciones particulares perdidas se restituyan y la verdad de lo ocurrido en sus vidas y las de sus familiares se sepa.
Falta entonces que aquellas organizaciones de la sociedad civil sepan leer el nuevo significado del día de hoy y lo simbolicen de una manera efectiva, con el fin de movilizar no sólo a la sociedad, sino también a las víctimas. Creemos firmemente que la reconciliación puede llegar más fácil si se usan correctamente este tipo de medidas simbólicas.