:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/jCgU1BMndx2v9KPsH_gob0DSFEY=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZFAZZEBDWFC3DPCDOY76M5B3YY.jpg)
El lío del contrato para la elaboración de pasaportes sigue dejando en ridículo al gobierno de Gustavo Petro. En una serie de eventos que muestran la falta de coordinación interna y los peores impulsos públicos del presidente, se revocaron las actuaciones del excanciller Álvaro Leyva en la licitación y se adjudicó el contrato a la empresa Thomas Greg & Sons, lo que desencadenó el despido del secretario general, José Antonio Salazar, y que se hable de un riesgo a la democracia colombiana. Todo por un proceso contractual que el gobierno Petro diseñó, puso en marcha y luego decidió denunciar por posible corrupción.
José Antonio Salazar, quien llegó a la Cancillería gracias a su cercanía personal con el excanciller Leyva, tomó una decisión polémica sin consultar con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. En una serie de tres actos administrativos, echó para atrás la urgencia manifiesta decretada por Leyva así como la suspensión de la licitación del contrato de pasaportes y lo adjudicó a Thomas Greg & Sons. Explicando su actuar a Noticias Caracol, dijo: “Después de hacer un estudio minucioso del tema, encontré que no era viable mantener vigente la decisión del canciller Leyva en el sentido de declarar desierta la licitación” y argumentó que solo estaba cumpliendo con la Constitución. La realidad no es tan sencilla.
Es cierto que Salazar está siguiendo las recomendaciones técnicas que el presidente de la República ha decidido ignorar en varias ocasiones. Ya que Thomas Greg & Sons ya había sido calificada como la mejor oferta, no había ningún motivo en la ley de contratación estatal para negar la adjudicación del contrato. En ese sentido, lo mejor para las finanzas del Estado era cumplir con las normas de contratación. Tanto el presidente como el canciller Leyva se han equivocado en el escándalo público que armaron en torno a este contrato, pues si hay un deseo por prohibir las licitaciones con un solo oferente, se tiene que tramitar una reforma en el Congreso. No obstante, lo curioso en todo esto es que fue Salazar quien diseñó la licitación originalmente e ignoró en repetidas ocasiones las quejas por requisitos que dejaban a Thomas Greg & Sons como única empresa capacitada para cumplir con lo que pedía el Gobierno. ¿Por qué seguía haciendo parte de la Cancillería si ese problema generó tanta fricción con el presidente? ¿Y cómo opera aquí su cercanía con el excanciller Leyva?
Ante esas preguntas, es extraña la reacción salida de tono del presidente Petro, quien dijo que Salazar lo traicionó. Primero, porque cumplir las leyes de contratación pública no es un acto de traición, sino el debido actuar de un servidor público. Segundo, porque, y necesitamos insistir en este punto, fue la Cancillería del gobierno Petro la que diseñó ese proceso y lo adelantó y en ningún momento hubo responsabilidad política asumida por el desastre.
Para completar el panorama desolador, ayer el presidente revivió sin pruebas una teoría de la conspiración. “Una empresa privada, Thomas Greg & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”, escribió, refiriéndose a los contratos adjudicados por la Registraduría. El “puede” es la palabra clave, pues el mandatario se salva de calumniar al quedarse en especulaciones, pero en el proceso arroja un manto de duda sobre toda la democracia colombiana. Temible irresponsabilidad.
Actualización: Después del cierre de esta edición, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció que Salazar no tenía potestad para las actuaciones que realizó.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.