Según un documento publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), aunque en Colombia venimos avanzando en la reducción del hambre, estamos lejos de tener motivos para celebrar. La cifra es preocupante: hay más de tres millones de colombianos en condición de hambre e inseguridad alimentaria.
Además, cuando se observa de cerca quiénes son, queda en evidencia cómo la incapacidad del Estado de llegar a todos los rincones del país, unida a la desidia de muchos gobiernos y las desigualdades estructurales de la sociedad, generan una situación deplorable y que no tiene solución a la vista. La gran mayoría de esos tres millones son personas ubicadas en sectores rurales del país, los espacios más olvidados y donde precisamente la implementación del Acuerdo de Paz se está encontrando con sus obstáculos más complejos.
Según el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, “las condiciones estructurales reproducen día a día las causales de su hambre, exclusión étnica, desigualdad de género, falta de acceso a la tierra y activos productivos”. También aseguró que “los casos extremos de niños que mueren de hambre son cosas que Colombia no se merece”.
Es difícil entrar a combatir su diagnóstico, especialmente porque ya es noticia conocida en Colombia. Por demasiados años se ha mencionado la desigualdad, especialmente la de las minorías y la de los campesinos, como la raíz de tantos males en el país.
No se trata, por supuesto, de un tema únicamente ligado al narcotráfico o a la implementación de la paz. Pero sí es un contexto ineludible de esos dos: por eso las propuestas de sustitución de cultivos del Gobierno no han despegado; si los campesinos no tienen una alternativa para sus sustento diario, antes que sufrir hambre, pues prefieren trabajar en la hoja de coca. No es un cálculo perverso, es meramente racional.
Más allá de eso, la cifra del hambre también es un síntoma de un país donde la corrupción cobra vidas. Berdegué menciona los niños que mueren de hambre porque el recuerdo de lo ocurrido en La Guajira y en otras regiones del país todavía no se ha superado, ni se han tomado las acciones necesarias para garantizar que las burocracias corruptas no sigan afectando a los más vulnerables.
Como la lucha contra el hambre requiere, sobre todo, de un esfuerzo regional, este tema debería ser el centro de las elecciones parlamentarias y, por supuesto, las presidenciales. ¿Cuántos barones electorales no han construido sus alianzas a partir de acuerdos que les quitan los recursos a los más necesitados? ¿Cuántos políticos tienen planes para combatir la desigualdad y desarrollar una genuina inclusión del campo, más allá de la indignación retórica, tan común por estos días?
Mientras haya colombianos con hambre, no podemos sentirnos orgullosos de los avances del país.
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