Los estudiantes, Margarita Gómez y Mateo Matamala, se encontraban tomando fotografías de la zona cuando fueron ejecutados por un hombre con una 9 milímetros. Según el comandante de la Regional 6 de la Policía, el general Luis Pérez, el crimen se atribuye a ‘Los Urabeños’, una banda criminal que trafica con cocaína y que sigue funcionando, tal vez creciendo, aún a pesar de que en octubre del 2010 se capturara a 40 de sus integrantes. A estos crímenes se suman varios asesinatos que han ocurrido durante los últimos años en la región, donde varios grupos de ex paramilitares se han organizado en bandas criminales. Por eso desde el miércoles, y por orden del general Óscar Naranjo, se trasladaron más de mil policías para capturar a El Gavilán, líder de ‘Los Urabeños’. El presidente Juan Manuel Santos ha ofrecido una recompensa de $500 millones por su captura.
Estos asesinatos, sin embargo, y a pesar del revuelo, no son una novedad ni en la región ni en otras zonas rurales del país. Ni siquiera el origen del agresor —el paramilitarismo asociado al narcotráfico— es nuevo. Muy ilustrativo –y a la vez insólito y repudiable— de la realidad que se vive hoy en Córdoba resultó la primera reacción de la autoridad legal en la región, que catalogó el asesinato como una equivocación de sus perpetradores. Como si la disputa por el control ilegal del territorio fuera lo natural, como si los colombianos debiésemos aceptar que existen zonas vedadas del país en donde rige la ley del terror. Un terror que, a pesar de las desmovilizaciones de mediados de 2006, permanece a través de la reconfiguración de las bandas emergentes, como encarnación de la historia de conflicto en el país.
Además de los nuevos grupos criminales y de su disputado control del negocio del narcotráfico, la Fiscalía General acaba de hacer público lo que significó también el paso de las desmovilizadas Auc. Desde 2005, el ente acusador ha documentado 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada. Se reportan 1.597 matanzas así como el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad por obra de los mismos actores. Esto, además de los 3.532 casos de extorsión, 3.527 de secuestro, 677 de violencia de género y 68 de narcotráfico, además de 28.167 de “otras conductas” que no precisa. Las confesiones de los ex paramilitares han permitido hallar 3.037 fosas comunes, en las que fueron encontrados 3.678 cadáveres, de los cuales 1.323 han sido identificados de manera plena. Las familias han recibido ya los restos de 1.207 de ellos.
Más allá de entrar a determinar si este escandaloso huracán de muerte en un lapso de pocos años encontró en la desmovilización un alivio sustancial o apenas parcial, lo cierto es que la indignación nacional suscitada por la muerte de los estudiantes debe servir para llamar la atención sobre todos estos crímenes listados y muchos otros más que siguen ocurriendo en el país y que pasan impunes sin siquiera ser mencionados en las noticias y por los que no se ofrece recompensa alguna para capturar a los culpables. Margarita y Mateo hacen parte de estas cifras. Y no bastará para honrar la memoria de estas dos vidas frustradas en plena juventud que el esfuerzo coyuntural por encontrar y llevar ante la justicia a los culpables tenga éxito. Esta tragedia particular solamente tendría algún alivio si sirve para visibilizar la realidad de violencia que sigue imperando en muchas zonas del país como paso necesario para que algún día dejen de ser zonas vedadas.