Las ganas de algunos magistrados de seguir vinculados al Estado, sin embargo, están más latentes que nunca. Calladamente se van formando coaliciones para ocupar los cargos que van quedando sueltos dentro de la institucionalidad colombiana. Por estos días les llegó la hora a las altas cortes y a los organismos de control.
Este diario, a través de múltiples fuentes, ha tenido conocimiento sobre una especie de ‘carrusel judicial’ que está gestándose entre la Rama Judicial y los organismos de control. La idea es que, por ejemplo, si un magistrado de las altas cortes concluye su periodo y, al no ver la posibilidad de quedarse, digamos, unos cuantos años más por cuenta de una reforma constitucional fallida, sea candidato casi seguro a ocupar el cargo de magistrado en el Consejo Superior de la Judicatura o (y por qué no) del Consejo de Estado, o la Defensoría del Pueblo.
Esta conducta representa muchísimos problemas para la salud institucional colombiana. En primer lugar, por los perfiles de los cargos. Cada uno entraña una cierta habilidad y recorrido en las materias que las instituciones defienden, como para que sean llenadas, a troche y moche, al gusto personal de cada quien. ¿No hemos aprendido de las lecciones que dejó la reforma a la justicia? ¿Seguiremos caminando por esa misma senda de buscar tajada en todo lo que la ley permita?
Pongamos por caso que un exmagistrado de la Corte Suprema quiera pasar directamente al Consejo Superior de la Judicatura. A voz de los expertos —como la Corporación Excelencia en la Justicia—, éste es un órgano que tiene como función ser el garante máximo de la autonomía de la Rama: esto se traduce, dicho en cristiano, en ser un gobierno interno. Por lo tanto los perfiles que deben tener los magistrados que ocupen estos cargos no se deben limitar a la buena experiencia de un juez. Deben ser personas que, conociendo la rama por dentro (las carreras judiciales, las prácticas de los jueces a la hora de elaborar sentencias o pedir pruebas), sean, más que todo, buenos gobernantes. De experiencias administrativas, de toma de decisiones en gestión pública. De nada sirve un juez en donde no se requieren las actividades propias de su oficio.
En segundo lugar, llegó la hora de hacer más transparente este proceso de selección de los nuevos cargos. Y es que contemos, que no es poco: tres puestos en el Consejo Superior de la Judicatura, dos en la Corte Constitucional, cinco en la Corte Suprema de Justicia, tres en el Consejo de Estado, uno para defensor del Pueblo y uno para procurador General. Todo un fortín que, en vez de ser mirado con objetividad, con perfiles correspondientes a lo que el cargo exige, se persiguen como si se tratara de un tesoro perdido en lo ancho del mar.
Llegó la hora de que se realicen audiencias públicas con personas que, de cara a la ciudadanía, demuestren con creces que tienen cierto tipo de habilidades especiales, más allá de haber sido jueces o exmagistrados. Que cumplan con lo que el cargo exige. Nueva gente, por lo menos.
Con todo y que estos actos se han elevado al nivel de la suspicacia, no sobra prender las alarmas. La transparencia y el no caer en el ‘carrusel’ de la justicia son asuntos de engranaje que, sumados unos con otros, pueden traer mejoras muy certeras. Es hora, pues, de prestar mucha atención a los nuevos cargos que se están disputando.