Por eso fue relevado del cargo, como esperábamos y pedíamos en este espacio el día de ayer. Y con él, otros altos oficiales. Las cabezas han comenzado a rodar, pues.
Quedó claro, también, como dijo el presidente Juan Manuel Santos y repitió luego el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que no fue por corrupción, esa almendra polémica de las conversaciones reveladas por la revista Semana el domingo pasado, que el general salió. Fue el alcance de sus palabras la razón.
Y no era para menos. La grabación en la que oímos al excomandante deja en entredicho el papel neutral que los militares deben mantener a la hora de afrontar los procesos judiciales. Decía Barrero a González del Río, puesto tras las rejas por su presunta responsabilidad en un caso de los llamados “falsos positivos” en Caldas durante 2007, que, en su caso, él y otros debían ser inteligentes: “Yo no lo puedo hacer, pero ustedes sí porque ustedes son los afectados (...) Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”. Deplorable y apenas justo que tuviera que asumir el costo de sus palabras. Debió suceder el mismo domingo.
Mucho más allá de sus habilidades como soldado y miembro del Ejército, máxima cabeza visible dentro de las tropas gracias a una eficiente carrera militar, lo que las palabras de Barrero demuestran, además, es que dentro de las Fuerzas Armadas sí existe una solidaridad de cuerpo que no permite un curso de la justicia pleno y efectivo. Son este tipo de ejemplos los que sustentan la duda razonable frente a la justicia penal militar y la reciente ampliación de su fuero.
Ya entrando en la corrupción dentro de las fuerzas que todo este escándalo revela, ayer el Gobierno lo aceptó de plano: “Otros altos oficiales salen porque sabían de las irregularidades y no actuaron”, dijo el presidente Santos. Lo cual no hace sino reforzar lo que atrás comentábamos: dentro de las Fuerzas sabían todo lo que ha revelado la revista Semana y nada hicieron. Más solidaridad de cuerpo.
El hecho es que cuatro oficiales del área administrativa salieron por su inacción, que no es más que complicidad: general Manuel Guzmán, general Fabricio Cabrera, general Diego Sánchez y el general Jaime Reyes. Bien hecho. Ya era hora de que las palabras se convirtieran en actos y que se tomaran las medidas necesarias para que este daño no quede impune.
La legitimidad de la fuerza está, sin duda, en entredicho. Sin embargo, estos primeros actos de consecuencia inmediata son el camino correcto para enderezar el rumbo. No era, pues, la exposición desmesurada de los medios a los militares, como se empecinó en decir el relevado general Barrero en un principio, sino, más bien, las reprochables conductas internas de muchos de sus miembros. Con este remezón se envía un mensaje de ello. Y eso, por ahora, resulta positivo.
Falta, sin embargo, cumplir con más palabras. “Vendrán más acciones”, dijo también el presidente. Que vengan, entonces. Es ahí donde las decisiones por tomar se salen de la rama administrativa y recaen en otras del poder público: los entes de control, la Fiscalía General de la Nación.
Casos sobre militares, como el famoso Tolemaida Resort, generaron palabras altisonantes pero muy pocas acciones concretas. Si se corrige el camino, ahora, las cosas podrían redundar en favor de todos: tanto del buen nombre de las Fuerzas Militares, como de la confianza de la ciudadanía en ellas. Adelante.