El reprochable uso del polígrafo

FUE APROBADA LA SEMANA PASADA, en su primer debate en la Cámara de Representantes, una iniciativa legislativa del Partido Conservador que pretende utilizar el polígrafo como prueba en los procesos penales.

Para matizar las críticas, el autor del proyecto, Óscar Fernando Bravo, ha insistido en que la prueba sería sólo “adicional a otras y no determinante” y que podrá ser aceptada o rechazada por el acusado. Ha enfatizado, además, el acierto del 99% de estos instrumentos que, a partir de cambios corporales tales como la expansión de la cavidad torácica, la presión sanguínea y el pulso cardíaco, indican la posibilidad de que el investigado esté mintiendo. Estas indicaciones el intérprete las llama DI (decepción indicada) si advierte reacciones fisiológicas que sugieren engaño, NDI (no decepción indicada) en caso contrario y NO cuando las reacciones son insuficientes para dar una opinión concluyente. La lectura sería tomada, según se pretende, como documento válido para demostrar la veracidad del hecho alegado.

Los motivos para oponerse a la iniciativa son varios, entre ellos la comprobada capacidad de manipulación de las señales corporales por parte de los investigados y, al revés, la traición de los indicios físicos si la persona es atacada por los nervios; algo, por demás, bastante probable durante un interrogatorio. Frente a lo anterior, los defensores del proyecto podrían por supuesto argumentar que el investigado siempre puede, si así lo prefiere, negarse a la prueba. Sin embargo, tal decisión traería sólo sospechas, lo que en la práctica retira el carácter voluntario del polígrafo. También hay rechazos concernientes a la pertinencia de equiparar un documento público o privado con la interpretación de un perito. Una que, por lo demás, sustituiría parcialmente la del juez, así se le considere “adicional a otras y no determinante”, como insiste el autor de la iniciativa. Algo que es relevante, no porque el juez termine siendo un validador o contradictor del polígrafo, sino porque su labor es juzgar sobre hechos mientras el aparato se refiere a la credibilidad del interrogado.

Este último punto, incluso más que el debate sobre la fiabilidad técnica del instrumento o las contingencias de su aplicación, es especialmente delicado. Las pruebas de ADN, balística, dactiloscopia y demás tienen, como el polígrafo, un cierto margen de error y no por eso dejan de ser aceptadas en la administración de justicia. Sin embargo, la diferencia no es de precisión —que de todas formas es mucho menor en el caso del “detector de mentiras”— sino de naturaleza: mientras unas ayudan a determinar verdades sobre hechos y circunstancias que podrían condenar o absolver a una persona, el polígrafo lo que hace es poner a la persona contra sí misma. Situación peligrosa frente a la libertad y dignidad del sujeto cuestionado, pues lo que hace el instrumento es exacerbar la tensión entre la finalidad del proceso penal como aproximación a la verdad y su deber fundacional de proteger los derechos individuales.

Derechos que se transgreden en tanto el polígrafo extrae mediciones tomadas del monitoreo de las reacciones del sistema nervioso autónomo, para convertir al propio individuo en instrumento de corroboración de una verdad. Hacer de las personas un medio hace que la justicia pierda sentido. Nadie puede ser objeto físico de prueba en contra de sí mismo. Ni siquiera contra los demás. A la verdad se debe llegar sólo con el más absoluto respeto por la dignidad humana, lo que en últimas incluye también su intimidad. El polígrafo tiene serios limitantes técnicos y prácticos. Pero así no los tuviera, sería igualmente inadmisible. El fin no justifica los medios.