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Editorial 23 Dic 2012 - 11:00 pm

EDITORIAL

El reto de la autoridad

La Policía Nacional, tal y como está consagrado en el artículo 218 de nuestra Constitución Política, tiene la finalidad primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Por: Elespectador.com
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La ciudadanía espera que los miembros de esta institución cumplan la función de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes. La mayoría de los miembros de este órgano, sin lugar a dudas, cumplen a cabalidad con esta noble e importantísima labor.

Sin embargo, las noticias de policías que usan desmedidamente su fuerza contra periodistas y estudiantes o que, simplemente, ejercen su autoridad arbitrariamente en contra de los ciudadanos, dejan muy mal el nombre de la institución. Debido a estos hechos, no es raro que muchas personas —así en números no sean tantos, cualquier número es mucho— piensen que la Policía Nacional, contrario a proteger sus derechos, atenta contra ellos. Situación que deja en duda el ejercicio de la fuerza legítima que ejercen las autoridades públicas.

Es importante reconocer que cada vez que se ha presentado un escándalo por abuso policial, las directivas de la institución han tomado las medidas procedentes. Por esto, también hemos visto noticias de sanciones disciplinarias y penales impuestas a los policías infractores. No obstante, esto no es suficiente. Porque persiste la duda en la ciudadanía de si estas sanciones son impuestas de igual manera a los infractores cuyas actuaciones no tienen la misma exposición pública. Y porque, a pesar de las sanciones impuestas, los casos de abuso policial se siguen presentando. Infortunadamente, este es un tema que cada cierto tiempo aparece en las noticias nacionales.

Esta situación deja ver algunos problemas estructurales dentro de la institución. Los policías que han incurrido en estas conductas no han estado a la altura de las responsabilidades que decidieron asumir al ingresar a la fuerza pública. Lo peor de todo es que ellos les hacen casi tanto daño a toda la Policía Nacional, como a las propias víctimas de sus abusos. En la opinión general, los policías que hacen su trabajo honestamente y con convicción terminan metidos en la misma canasta de los infractores.

Sin hablar de escándalos de marca mayor —como el que la justicia estadounidense ha definido en contra del general Mauricio Santoyo—, esta imagen de una relación de poder abusivo con el ciudadano afecta gravemente el nombre de la institución. Con lo cual se pierde la confianza en la fuerza pública y la legitimidad del ejercicio de su fuerza. Es particularmente preocupante cómo esa tensa relación se ve expresada hoy en las redes sociales, donde se percibe un sentimiento de rechazo a las fuerzas policiales más fuerte —o al menos más visible— que el que debería existir, de orgullo y agradecimiento por su labor protectora.

Por esta razón, además de sancionar a los uniformados que incurren en estas tiránicas actuaciones, es urgente que se identifiquen las debilidades estructurales en la Policía que permiten que estas situaciones se presenten. Superar las fallas que permiten que algunos policías ejerzan indebidamente sus funciones, es un reto inmediato que tiene que afrontar la cúpula. Es su deber evitar que algunos pocos elementos en la fuerza pública afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos y hagan quedar mal a toda la institución. Si esto no se hace, seguirá siendo la Policía Nacional la que ante el ciudadano aparezca como responsable de los abusos que se presenten.

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