Electricaribe y la tormenta diplomática

Tristemente, se veía venir. Los múltiples problemas de Electricaribe para cubrir el servicio público de la energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre) no tenían solución a la vista, pese a los anuncios de buena voluntad tanto de la empresa como del Gobierno Nacional y de los gobernantes locales. Ahora que se ha decretado la liquidación de la sociedad Electricaribe, hay rumores de un problema diplomático y lo peor es que los colombianos siguen siendo los afectados por un servicio inaceptable.

Después de cuatro meses de intervención, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la liquidación de Electricaribe, argumentando que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y la continuidad que se requieren para asegurar el bienestar de la población de la costa colombiana. En su momento, habíamos utilizado este espacio para respaldar la primera medida de la Superintendencia, entre muchas razones porque Electricaribe no estaba pudiendo cubrir los costos de la energía que les compra a las generadoras. Ante la falta de soluciones, no vemos qué otra opción le quedaba al ente de control.

Especialmente cuando, según informes presentados por la Superintendencia, la toma de posesión de los bienes de Electricaribe permitió que se evitara un racionamiento generalizado y estabilizar en cierta medida las finanzas de la compañía. Pero todavía queda pendiente el verdadero problema de fondo que más afecta a los ciudadanos: no se ha mejorado la calidad del servicio. Por eso, después de la liquidación se espera que llegue un nuevo operador que cambie esta situación. Ojalá así sea. La Costa Caribe no debe soportar más incumplimientos.

Sin embargo, como era de esperarse, la decisión fue recibida con hostilidad por parte de Gas Natural Fenosa, empresa española dueña de Electricaribe. Ésta anunció que durante la presente semana radicará una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) pidiendo una indemnización de US$1.071 millones, que representan más del doble del valor contable de Electricaribe, que es de US$508 millones. En un comunicado, la compañía española dijo que la decisión va en contravía del “espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia” y que causa un impacto negativo en los deseos de invertir en el país.

Por su parte, Mariano Rajoy, presidente español, dijo: “Creo que es importante para la propia Colombia la seguridad jurídica”, señalando así su inconformidad.

En ese sentido, la respuesta del presidente Juan Manuel Santos –quien dijo que “No permitiremos que caso Electricaribe afecte óptimas relaciones diplomáticas y comerciales (con España)”, pero quien mantiene que no se trata de una expropiación, sino de una medida necesaria– es la correcta.

Aunque, por supuesto, los españoles insistirán en que se trata de un atentado contra sus derechos, la verdad es que a lo largo de demasiados años Electricaribe había demostrado su incapacidad de cumplir con el cubrimiento de este servicio público, esencial para los colombianos. Por eso, aunque venga una tormenta diplomática, la decisión fue acertada. De lo contrario se hubiese perpetuado la situación de crisis constante y de colombianos viendo afectados sus derechos.

 

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