En México: espiar al mensajero

“El espionaje abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los asesinatos”. / Foto: AFP

En México, al parecer varias entidades del Estado adquirieron un costoso programa que les permite espiar a los ciudadanos y que ha sido usado especialmente contra periodistas. A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto ha negado los hechos, Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, entre otras personalidades del mundo periodístico y defensores de los derechos humanos, han denunciado esta situación anómala. Compartimos su creciente preocupación y nos solidarizamos con el pedido de una pronta e imparcial investigación que aclare lo que sucede.

Gracias a un informe del New York Times y Buzz Feed News, se supo que están documentados 88 intentos de infectar los teléfonos celulares de un grupo de personas en México, la gran mayoría de ellas periodistas. Lo anterior habría ocurrido entre 2015 y 2016, usando Pegasus, un programa informático adquirido por varias instituciones estatales. La metodología utilizada es enviar mensajes maliciosos, malware, a los usuarios que se desea espiar y, una vez abren el mismo, el virus infecta todo el sistema y es casi imposible deshacerse de él, permitiendo acceso a todo en el teléfono.

La mayor gravedad, si los señalamientos son ciertos, es que en un país donde la información independiente está seriamente amenazada, la vinculación del Gobierno a esta conducta delictiva supondría un gravísimo retroceso para la libertad de expresión. Justo tras los asesinatos de un alto número de periodistas, entre ellos los que combaten a los grandes capos, aparece esta fundamentada acusación. De allí que las críticas ahora sean por partida doble hacia el Gobierno: la evidente incapacidad para esclarecer los asesinatos de periodistas, que suelen quedar en la impunidad, así como el aparente intento de buscar que los comunicadores no se adentren demasiado en sus pesquisas investigativas en temas de extrema sensibilidad para el Gobierno.

Loret de Mola, presentador de Televisa, no dudó en decir que “el espionaje abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los asesinatos”. No le falta razón. En Colombia lo sabemos bien. Si a los peligros cotidianos que afrontan los comunicadores y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos se le debe sumar el temor permanente de ser espiados a través de sus propios teléfonos celulares, la situación personal de cada uno de ellos alcanza niveles de total paranoia.

Peña Nieto, en unas poco satisfactorias explicaciones, dijo que como presidente él también se sentía espiado. Agregó, frente a las afirmaciones de los denunciantes, que “ninguno de los agraviados puede demostrar que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”. A pesar de que condenó cualquier acción en dicho sentido y dijo que había solicitado a la Procuraduría General de la República (PGN) que investigara el caso de inmediato y, en caso de haber responsables, que fueran sancionados, el escepticismo existente frente a los resultados es muy grande.

Aristegui, por su parte, dijo que “dirán que somos ingenuos por pedirle al Gobierno mexicano que investigue al Gobierno mexicano (…) el no pasa nada es la marca de la casa, pero hay que sacudirnos la indolencia y la resignación. Apelemos a los que quieren hacer su trabajo. No todo está perdido en el Estado mexicano”.

Por el bien de la democracia mexicana, del respeto a la libertad de prensa y la institucionalidad de dicho país, es de esperar que, al menos en este caso, haya una pronta resolución.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.