Unos le reprochan arrogancia; otros, por el contrario, apoyan el desdén del embajador en la firma de un tratado que nuestro “tradicional aliado” ya concertó con Perú, México y Chile, y no demora en hacerlo con Panamá. La posición del embajador, sin embargo, más que reprochable o loable, resulta chistosa: Colombia no va a abstenerse de firmar un TLC con EE.UU. en caso de tener la oportunidad el año que viene, o cualquier año que le siga en un mediano plazo, pues concretarlo evitaría el tedioso y continuo proceso de renovación del Atpdea (acuerdo de preferencias arancelarias), que de hecho se venció ayer y todavía está en lista de espera del Congreso americano para ser aprobado.
El Atpdea es el componente comercial de la Guerra contra las Drogas que el presidente Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. Estas preferencias unilaterales se hicieron efectivas a partir de 1992 para Colombia y Bolivia, y a partir de 1993 para Ecuador y Perú. Originalmente se conocieron como la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA, pero una vez vencidas en 2001, los países beneficiarios lograron su prórroga y su ampliación; de aquí el tratado como lo conocemos —Atpdea—, cuya extensión ha negociado Colombia por separado. En buena medida, un TLC con EE.UU. no significaría para el país nada muy diferente de lo que ya tenemos con este acuerdo. Pero no tenerlo representa una pérdida importante de oportunidades frente a los países competidores que sí lo tienen, pues, entre otras cosas, un TLC implica preferencias bilaterales —no unilaterales— y, además, no tiene que ser continuamente aprobado, para tranquilidad y capacidad de planeación tanto de los exportadores como de los inversionistas.
Aunque se especula sobre por qué esta vez se dejó vencer el plazo, en realidad, como ya sucedió en 2002, lo que parece suceder es que la agenda del Legislativo americano está llena y algo reacia a los TLC, dada la coyuntura económica. Si bien no hay una amenaza real de que el Atpdea se repruebe, esto, por supuesto, genera malestar entre los gremios exportadores, en especial entre los floricultores, joyeros y empresarios del cuero, que serían los más afectados por la temporal pérdida de competitividad, sin mencionar las dificultades que trae el pago retroactivo de aranceles que superan, en muchos productos, el 50%.
Muy inconsistente es el discurso de un país que nos manda al exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld a felicitarnos por los logros en la lucha contra las drogas, pero, al tiempo, nos pasa por encima a Corea del Sur y a Panamá en la lista de tratados comerciales; y, como si no fuera suficiente, no renueva el Atpea de manera automática. Una cosa es hablar sobre los retos en términos de DD.HH. para que el TLC se concrete y otra muy diferente enfrentar un futuro incierto con respecto al tratado. Cierto es que desde el presidente Obama hacia abajo el Ejecutivo estadounidense ha empujado por su aprobación, pero el esfuerzo no alcanza hasta convertirlo en asunto prioritario dentro del debate político interno. Un aliado incondicional como Colombia tiene derecho a aspirar que así fuese.
No obstante, el embajador no tiene por qué perder los estribos. El tratado sí nos conviene y debemos seguir buscándolo y presionando sin desmayo al presidente Obama a cumplir su promesa. Mientras tanto, hace bien el presidente Santos en impulsar la diversificación de las exportaciones del país, que de hecho abrieron norte durante la crisis con Venezuela. La administración Uribe le apostó a EE.UU. y perdió. El juego tiene que ser ahora con todos.