Espacios de exclusión social

Si se atiende a los indicadores de sitios y hectáreas, el Distrito Capital de Bogotá cuenta con un sistema de áreas protegidas que cualquier otra capital del mundo querría.

Además hacen parte de la pomposa “estructura ecológica principal”, eje ordenador del territorio y producto de exportación. Sin embargo, las áreas protegidas de la ciudad son quizás el tema que presenta un mayor déficit de gestión pública.

No hay duda de que se ha avanzado mucho en este tema desde la planificación y definición técnica y formal; pero el vacío de gestión es enorme. Las áreas protegidas en el Distrito Capital, que incluyen además espacios bajo la administración nacional o regional, son territorios donde reina la exclusión social. El atraco agravado como secuestro, recientemente ocurrido en sus cerros orientales, así lo demuestra. Las víctimas son ciudadanos que se atreven, por cuenta y riesgo propio, a ser usuarios de las únicas actividades permitidas en las zonas de conservación. Y se hacen así víctimas de ello.

La respuesta de seguridad en las áreas protegidas no da espera. Pero el problema es de alcances mayores, pues el abandono es total. Basta mirar cómo se ha venido llenando de escombros la Avenida Circunvalar en el centro de Bogotá, en el tramo que atraviesa la reserva forestal. Casi todas las áreas protegidas de la capital son tierra de nadie, no tienen administración de sitio. En esta página editorial saludamos hace pocas semanas el convenio entre algunas instituciones del Distrito, la Fundación Cerros Orientales y el Instituto Humboldt, para reversar esta situación en un sitio piloto. Se esperaría que ya esté en ejecución. Pero el reto es de orden mayor: la falta de gobernabilidad de los espacios de conservación en el Distrito Capital es un problema crónico, que no se resuelve con espasmos de administración, sino con liderazgo político y visión de futuro.

Es sabido que los recursos de inversión en los temas ambientales del Distrito están capturados por décadas para el pago de las obligaciones de la planta de tratamiento de aguas de El Salitre. Si como resultado de esta inversión el río estuviera consecuentemente más limpio, estaríamos frente a una necesaria priorización. Pero en las aguas negras del mismo sólo se diluyen los recursos con que cuenta la administración para la gestión ambiental.

La gestión de las áreas protegidas tampoco en esta administración tiene lugar suficiente en el Plan de Desarrollo. Es un espacio para la innovación, en el que podría avanzarse sustancialmente si se hicieran convenios entre el Distrito Capital y las autoridades ambientales —como la CAR y Parques Nacionales Naturales— para la administración de sitios piloto en el extenso territorio de los cerros orientales y el alto río Tunjuelo, Páramo de Sumapaz, respectivamente.

Igualmente, la Empresa de Acueducto, que ya empieza a girar en la órbita de la Bogotá Humana, podría generar un estándar de administración de áreas protegidas en las tierras que posee en los cerros orientales. La ciudadanía podría sumarse a este cometido, en algunos núcleos dentro de la misma reserva. Se sabe que muchos de los atracadores reincidentes son jóvenes habitantes de los cerros que no han encontrado otra oportunidad.

El reto es hacer de los cerros y las áreas protegidas espacios de inclusión social, a través de los oficios de la conservación de la naturaleza. Liberar los espacios del agua también puede ser sacarlos de la trampa de la inacción institucional en que hoy se encuentran.

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