A la espera de la reforma pensional

Cuando se instauró el sistema pensional en Colombia, el afán inmediato fue el de proteger a las personas de menores recursos durante su vejez. Para ello se creó el régimen único de prima media, en el que todos los trabajadores aportaban a un gran fondo común.

Sin embargo, con el tiempo ya no fue sólo a los más pobres a quienes debía cubrir el sistema sino a todos los que hubieran cotizado, incluidos los más pudientes. Ni este último detalle ni el cambio demográfico fueron contemplados. Con los mismos requisitos en cuanto al monto y al tiempo de los aportes, se pasó de 10 trabajadores por pensionado en 1940 a cuatro trabajadores por pensionado en 1990. Al hacerse las proyecciones ese año, se constató que el sistema sería inviable en 2011. La salida: permitir que los fondos de ahorro privado movilizaran a la población con mayores ingresos y liberar así al sistema de la carga de las altas pensiones. La consecuencia: se desfondó el régimen de prima media.

Sellar este hueco financiero supuso hacer obligatoria la cotización y aumentar las semanas requeridas. Esto último, sin embargo, hizo que muchas personas no alcanzaran a cumplir con el tiempo de cotización. Aportar 36 años a pensiones es contribuir prácticamente toda la vida adulta y hay quienes, por la inestabilidad e informalidad del mercado laboral, no alcanzan a cotizar lo suficiente antes de llegar a la edad de jubilación. Hoy, sólo el 32% de los trabajadores formales e informales cotizan al sistema pensional. No sorprende, entonces, que 3,8 millones de personas que trabajaron durante su vida y llegaron ya a su edad de jubilación no estén recibiendo con qué sostenerse durante su vejez. El principal objetivo de la reforma pensional tendría que ser el de proteger a toda esta población. Más aún cuando quienes quedan excluidas son, precisamente, las personas para quienes se pensó el sistema en primer lugar: los trabajadores más vulnerables al desempleo y la informalidad, esto es, los trabajadores más pobres del país.

Así pues, aunque se espera que la reforma resuelva finalmente la inequidad de los subsidios estatales —por ejemplo, Fonprecon, el fondo de pensiones del Congreso de la República, saca del sistema de prima media 600 pensiones de 20 millones cada una—, el punto más crítico se encuentra en aumentar la cobertura garantizando la sostenibilidad del sistema. Sería justo y necesario que se aumentara la edad de jubilación y se equiparara, además, la edad de retiro de las mujeres, pues finalmente no hay un solo motivo por el cual si vivimos más no trabajemos más, y ciertamente ninguno por el cual ellas deban retirarse de sus trabajos mucho antes que sus pares masculinos. El costo político de semejante movimiento quizá sea mayor que el que el Gobierno esté dispuesto —y sea capaz— de resistir, pero sí se espera que el Ejecutivo se la juegue al menos, con fuerza, con otras de las reformas que aliviarían las dificultades pensionales del país.

En este sentido, se espera que se aprueben los Beneficios Económicos Periódicos, que consisten en una mesada mensual, inferior al mínimo, para ayudar a las personas que se retiren del mercado laboral y no hayan alcanzado a cotizar el número exigido de semanas. Las mesadas, dirigidas a aquellos que cotizan sobre el salario mínimo, le costarían al país 1,3 puntos del PIB anuales. Ésta, ciertamente, no es una cifra pequeña pero alcanza a ser manejada por el fisco. Y, aunque no nos pondría ante la perspectiva de una pensión universal y adecuada, sería un paso importante en tanto que no sólo ofrecería ciertos recursos a los adultos mayores más vulnerables, mitigando su pobreza durante la vejez, sino que generaría además incentivos para que personas del sector informal comiencen a cotizar, incluso sabiendo que los tiempos ya no les alcanzan.