Espionaje e intimidad

Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, harto conocidos por todos, Estados Unidos le declaró la guerra mundial al terrorismo.

Guerra que, por supuesto, hizo eco en muchas partes del mundo: ahí vemos los controles a veces excesivos en los aeropuertos internacionales, los requisitos interminables para pedir visa a ciertos países (vaya si los colombianos sabemos cómo es eso), las cámaras y los policías y los perros entrenados. La cultura del miedo, en fin.

No está mal querer la seguridad de los ciudadanos cuando ésta se ve amenazada por quienes están por fuera de la ley. Son los gobiernos, justamente, quienes deben protegernos del terrorismo y no pueden, ni deben, darse el lujo de ceder o hacer concesiones frente a él. Pero, ¿y quién nos cuida de los gobiernos? Porque entre cámara puesta y conversación escuchada, es fácil que se empiece a correr la línea de lo que está permitido y lo que no. De lo que es ética y legal y constitucionalmente correcto.

Este no es un asunto que se pueda despachar olímpicamente con el peregrino argumento de que “el que nada debe, nada teme”. De eso también conocemos los colombianos bastante, tras los perversos seguimientos de la inteligencia estatal develados no hace mucho y aún en espera de definiciones judiciales. Con los fines más nobles se llega a los peores excesos, también en contra de quienes nada deberían temer.

Ahora nos enteramos (aunque fuere predecible) de que Estados Unidos mantenía una red de espionaje tendida sobre todo el mundo. Y en América Latina, de acuerdo con lo que le dijo a Caracol Radio esta semana Glenn Greenwald, del diario inglés The Guardian y quien recibió la información del excontratista de la CIA Edward Snowden, Colombia era el segundo objetivo más importante en la región para el Gobierno de Estados Unidos. Y aseguró que hay miles de conversaciones y correos interceptados a todo tipo de ciudadanos, no solamente a delincuentes o sospechosos.

Esto es inaceptable. No puede ser que el gobierno de Estados Unidos haya invadido la privacidad de los colombianos a cuenta de querer ponerles un dique a las Farc o al narcotráfico. Ningún fin justifica esta actitud. Menos con un país que, como dijo el periódico brasileño O’ Globo, “mantiene una alianza militar con Estados Unidos sin paralelo con otros países de Suramérica”. No es entendible que, en medio de toda esta política de cooperación y camaradería, estén dando esta muestra de poca transparencia.

La Cancillería pidió, con sobradas razones, explicaciones a Washington sobre sus actividades de espionaje en el país. “Al rechazar los actos de espionaje violatorios del derecho a la intimidad de las personas y de las convenciones internacionales en materia de telecomunicaciones, Colombia solicitará al gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de su embajador en Colombia, las explicaciones que correspondan”, dijo en un comunicado. Y el embajador de ese país en Bogotá, Michael McKinley, anunció que respondería a ese emplazamiento por medio de los canales diplomáticos.

Que lo hagan pronto. Y que pronto también el Gobierno colombiano nos explique en lo que estamos, pues la información fragmentada que se ha ido conociendo deja la duda de si, dada la alianza militar entre los dos países, esta operación de espionaje a ciudadanos del común tuvo el conocimiento o, peor, la aprobación de nuestro gobierno. Sobre esto se requiere claridad meridiana, no puede caber la más mínima sospecha.